Los secuestros, ponen en vilo a Italia

En la plaza Mayor de Tortolì, una pequeña localidad de la isla de Cerdeña, 5.000 personas festejaban el miércoles la liberación de Silvia Melis, una empresaria local de 28 años secuestrada en febrero pasado a la puerta de su casa. La propia Silvia, según la poco convincente versión oficial, consiguió huir de su escondite al soltarse un eslabón de la cadena a la que estaba sujeta. La prensa italiana ha especulado, en cambio, con la posibilidad de que se haya pagado un rescate de unos 250 millones de pesetas. Ese mismo día, en Potenza (al sur de Italia), los carabineros encontraron el cadáver de Donato Cefola, un chaval de 16 años, hijo de un directivo de la Banca Nazionale del Lavoro, desaparecido el martes. Veinticuatro horas antes del macabro hallazgo su padre había encontrado prendida en el limpiaparabrisas del coche una nota reclamando 35 millones de pesetas por la vida del joven Donato. Esta vez los raptores -según la policía, una banda menor mal preparada y peor organizada- no dieron tiempo a la familia a reaccionar.Melis y Cefola representan la cara y cruz de una amarga historia italiana que sobrevive aún en el corazón delictivo del país: la industria del secuestro. Una trágica industria que ha golpeado innumerables veces -entre 1969 y 1997 ha habido 669 raptos-, sin distinguir entre sus víctimas otra cosa que la cuenta bancaria. Niños, mujeres, jóvenes empresarios y jubilados han caído en las garras de lo que los diarios italianos llaman todavía la Anónima del Secuestro, una vieja tradición delictiva sarda. La mayoría de las bandas de hoy están constituidas por delincuentes multirreincidentes que establecen los lazos de una complicidad criminal en los largos periodos carcelarios y se organizan técnica y logísticamente para golpear en el momento preciso sobre la persona seleccionada.

Los tiempos han cambiado mucho desde los terribles años setenta, cuando se registraron hasta 75 secuestros en 1977 y 59 en 1979, pero todavía hoy, en estos momentos, el industrial textil de Brescia Giuseppe Soffientini, de 62 años, permanece en manos de sus raptores -una banda sarda que la policía relaciona con la que ha mantenido presa a Melis, desde hace cinco meses. En su desesperación por cortar la hemorragia de secuestros, las autoridades italianas aprobaron en 1991 una ley que bloquea las cuentas bancarias de la víctima, sus familiares más directos y la de cualquier persona a ella ligada si lo consideran necesario los jueces.

Una línea de acción dura que ha recibido críticas y elogios casi a partes iguales. Entre los que la alaban están, fundamentalmente, los miembros del Gobierno, fiscales y policías, que ven en esta normativa la explicación al descenso de secuestros que se viene operando en los últimos años -hubo sólo siete en 1992, nueve en 1993, dos en 1995, uno en 1996 y tres en 1997-. Entre los que la critican hay también políticos, pero sobre todo ex víctimas de secuestros y sus familiares. Para este sector del público italiano la ley es inhumana, porque deia sin recursos de actuación a los golpeados por esa siniestra trama. Pero, además, los más críticos ponen en duda que sea aplicada universalmente. Es un rumor a voces que algunos de los secuestros más dramáticos, como el del pequeño Farouk Kassam, ocurrido en 1992, se resolvieron con cargo a los fondos reservados de los servicios se cretos.

Y en cuanto a los efectos benéficos de la legislación, el senador Luigi Manconi los ve más accidentales que reales. "Las verdaderas causas de que hayan disminuido los se cuestros son otras", declaraba recientemente Manconi, a raíz de una operación policial fracasada para liberar al industrial Soffiantini.

"En Cerdeña se han producido notables cambios sociales y de mentalidad que empiezan a debilitar la sólida barrera de silencio que permitía funcionar a las bandas. Eso por un lado. Y por otro, hay que decir que el secuestro era un delito rentable en otros tiempos, pero hoy no. Porque exige una infraestructura y unos medios logísticos muy caros".

Los familiares de algunas víctimas, como el ingeniero Tito Melis, padre de Silvia, han abogado durante meses porque se acabe con una legislación inmoral, porque, en palabras del senador Manconi, "el fin de la norma debe ser siempre la tutela del bien más preciado. Es decir, la vida".