El fiscal pide la ejecución de la sentencia que condena a cárcel a seis acusados de Filesa

El fiscal del caso Filesa, Antonio Salinas, informó ayer al Tribunal Supremo que "no apoya" la suspensión cautelar de la ejecución de la sentencia, que condena a penas de cárcel a los exparlamentarios socialistas Josep Maria Sala y Carlos Navarro, y a Luis Olivero, Alberto Flores, Aída Álvarez y Miguel Molledo. Aunque con esta respuesta el fiscal se decanta por el ingreso inmediato en prisión de todos ellos, puntualiza que "ello no es obstáculo para que el Tribunal Constitucional pueda acordar" en su momento la suspensión de la condena, en el supuesto de que llegara a admitir a trámite los recursos. La Sala Segunda del Supremo ha aplazado la convocatoria de los procuradores de las partes. Antes deberá resolver, probablemente la próxima semana, qué decisión adopta. El fiscal alega en su informe que la sentencia "es firme y contra ella no cabe impugnación".

Sin embargo, el fiscal añade significativamente que "ello no es obstáculo para que el Tribunal Constitucional pueda acordar la suspensión de la condena cuando en su caso admita a trámite los recursos de amparo que se puedan presentar, según establece el artículo 56 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional".El tribunal deliberó ayer por segundo día consecutivo sobre la ejecución de la sentencia de Filesa (financiación ilegal del PSOE), pero no llegó a convocar a los procuradores. Fuentes del Supremo dijeron a la agencia Servimedia que la Sala Segunda ha decidido solicitar el expediente relativo a una sentencia del Supremo en la que se condenó a un año de cárcel al alcalde socialista de Melilla y ex senador Gonzalo Hernández Martín. La ejecución de dicha sentencia quedó aplazada "por razones de prudencia" a la espera de que el Tribunal Constitucional se pronunciase sobre la admisión del recurso de amparo, según un auto del que fue ponente el entonces presidente de la Sala Segunda y hoy magistrado del Tribunal Constitucional Enrique Ruiz Vadillo.

Tras la reunión mantenida ayer entre los magistrados, fuentes del Supremo aseguran que lo más probable es que no haya decisión hasta los primeros días de la próxima semana. En el caso de que los magistrados se inclinaran por la ejecución inmediata de las penas, tendrían que ingresar en prisión seis de los ocho condenados. Pero si posteriormente el Tribunal Constitucional admitiese a trámite los recursos de amparo, posiblemente tendría que procederse a su excarcelación.

Según el artículo 56 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, la sala que conozca de un recurso de amparo suspenderá la ejecución cuando ésta hubiere de ocasionar, un perjuicio que haría perder al amparo su finalidad. La suspensión puede denegarse, pero sólo en casos de "grave perjuicio de los intereses generales o de los derechos fundamentales o libertades públicas de un tercero". Fuentes del Tribunal Constitucional señalaron que lo habitual es que cuando se admite a trámite un recurso de amparo, el Tribunal suspenda cautelarmente la ejecución de la sentencia.

El ex magistrado del Tribunal Supremo Marino Barbero, primer instructor del caso Filesa, declaró ayer que cuando él investigaba el caso ya conoció "la complejidad y la trascendecia" del mismo. Barbero no quiso comentar la sentencia, pero destacó que el informe técnico que aportó la instrucción "es uno de los grandes peritajes de la historia judicial española".