Los jueces han mantenido hasta ahora una línea de "prudencia"
Aunque los recursos de amparo no obligan al Tribunal Constitucional a paralizar la ejecución de una sentencia, los antecedentes del Tribunal Supremo en causas especiales apuntaban, al menos hasta ahora, a la línea de "prudencia" y de no causar "perjuicios irreparables" con el ingreso en prisión de condenados por delitos de escasa peligrosidad. Los precedentes son abundantes.Uno de los primeros se refiere al caso de la construcción de Burgos, en el que el constructor Antonio Méndez Pozo fue condenado a 7 años de cárcel junto al entonces alcalde del PP José María Peña San Martín y otros cuatro concejales. La sentencia declaró ilegales numerosas licencias de obras concedidas al constructor por el consistorio popular y Méndez Pozo resultó condenado por delitos de falsedad en documento público, cargo por el que han recaído las principales condenas en el caso Filesa.
El Supremo ratificó la sentencia en enero de 1994, pero la Audiencia de Burgos, encargada de la ejecución, suspendió el ingreso en prisión precisamente para no causar al condenado "un perjuicio irreparable". Méndez Pozo estuvo nueve meses en libertad, hasta que el Constitucional rechazó su recurso. Al día siguiente, 23 de septiembre, ingresó en prisión, de la que salió apenas año y medio después, con la entrada en vigor del nuevo Código Penal.
Indulto
El Supremo y las Audiencias también suelen dejar en suspenso las sentencias cuando condenados no peligrosos acreditan haber solicitado un indulto al Gobierno y mientras éste lo tramita. Un caso reciente fue el de Gabriel Arias Salgado, hermano del actual ministro de Fomento, condenado a año y medio de cárcel por falsedad documental para perjudicar a su ex mujer en la liquidación de la sociedad de gananciales.En septiembre de 1996, la Audiencia de Madrid denegó a Arias Salgado la suspensión condicional de la pena, pero los magistrados paralizaron su encarcelamiento mientras no se resuelva el expediente de indulto. Arias Salgado ni siquiera fue encarcelado cuando la Fiscalía del Tribunal Supremo se opuso a la concesión del indulto.
En otros casos, como el del diputado regional del PP Jesús Terrón Cantón, diversas circunstancias han dilatado el ingreso en prisión durante meses. Terrón Cantón, separado de Beatriz Abelló, hermana del financiero Juan Abelló, fue condenado a dos años de prisión por un caso similar al de Arias Salgado: falsedad en documento para dejar a su ex esposa sin un duro. La sentencia, del propio Tribunal Supremo, fue dictada en octubre de 1994, pero la orden de encarcelamiento no llegó hasta cinco meses después, el 9 de febrero de 1995, y Terrón aún tardó otro mes en ingresar en la cárcel.
