La Fiscalía investiga al Ayuntamiento de Algete por supuestas irregularidades en sus cuentas

Al ejecutivo local del Partido Popular en Algete (13.000 habitantes) se le acumulan los problemas. La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) investiga las supuestas irregularidades que figuran en las cuentas del Consistorio entre los años 1991 y 1995.La Fiscalía ha decidido incoar diligencias tras encontrar "graves defectos contables", que han aflorado en una auditoría realizada por el Ayuntamiento sobre sus propias finanzas, y que han sido remitidas a la Fiscalía por el PSOE local. Esta investigación se suma a la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción (véase EL PAÍS de ayer) contra el primer teniente de alcalde de la localidad, José Antonio Gómez Marcos (PP), por presunto cobro ilegal de comisiones.

La auditoría en la que se fundamenta la investigación de la Fiscalía se efectuó a petición -de los grupos de la oposición municipal -PSOE, IU y PRIM-, y cubre tres años de gestión de la anterior alcaldesa, Magdalena Teijeiro, y uno del nuevo regidor, Carlos Torquemada. Ambos encabezaron gobiernos del PP.

La presunta acumulación de irregularidades en todos los expedientes analizados es lo que ha llevado a la Fiscalía a abrir una investigación contra el Consistorio. El fiscal jefe de Madrid, Mariano Fernández, requirió el pasado 17 de octubre al Ayuntamiento para que ponga a su disposición la documentación sobre algunas contrataciones que figuran en la auditoría. Las primeras pesquisas afectan a la adjudicación de obras de acerado y asfaltado de calles, las contrataciones directas de determinados servicios, como la desratización del municipio, y el concurso por el que se adjudicó la elaboración del Plan General de Algete.

Ricardo Romero de Tejada, secretario general del PP en Madrid, ha asegurado que en su partido se ven "con extrema preocupación" este tipo de procesos. Asegura que la dirección regional del PP "va a instar al alcalde de Algete para que presente cuanto antes la documentación requerida y, cuanto antes, se aclare si la gestión municipal se ajusta a la legalidad".