La policía busca pruebas de pagos a la mafia en la sede de Mitsubishi en Tokio

La policía japonesa entró ayer en la sede de la compañía Mitsubishi Motors en Tokio para iniciar una investigación sobre pagos ilícitos por parte de tres de sus ejecutivos a dos extorsionadores profesionales. Las autoridades japonesas acusan a los ejecutivos de Mitsubishi, el tercer fabricante automovilístico de Japón, de haber pagado nueve millones de yenes (alrededor de 11,25 millones de pesetas) entre los años 1995 y 1997.Los ejecutivos de Mitsubishi fueron detenidos en la noche del miércoles. En la misma operación, la policía capturó también esa noche a los supuestos extorsionadores, Terubo Tei, de 53 años, y Kaoru Hamada, de 40, que habrían recibido los pagos a condición de no sabotear las reuniones de juntas directivas de la empresa.

Según las autoridades, los extorsionadores habrían podido recibir un promedio de 2 millones de yenes (2,4 millones de pesetas) anuales desde que las acciones de Mitsubishi comenzaron a cotizar en el mercado bursátil en diciembre de 1988. Sobre esté aspecto de la investigación se centró ayer la búsqueda de pruebas en la sede de la compañía.

Takemune Kimura, presidente de Mitsubishi, anunció que renunciaría a su cargo, dependiendo del resultado de la investigación. En una conferencia de prensa, Kimura reconoció la culpabilidad de los ejecutivos, pero rechazó cualquier implicación de la cúpula directiva de la empresa y que los pagos respondieran a una decisión corporativa.

El escándalo es particularmente dañino para la imagen del fabricante de coches, que el año pasado se vio envuelto en un asunto de acoso sexual por parte de sus directivos en Estados Unidos a las empleadas de la firma.

Los extorsionadores recibían además de otras empresas pagos millonarios para no presentarse a las reuniones de juntas directivas a hacer preguntas comprometedoras, una de las fuentes de ingresos más habitualmente utilizadas por el crimen organizado en Japón.

Los pagos de extorsión a la mafia están prohibidos por el Código Comercial de Japón y en la actualidad las cuatro mayores agencias de valores y otras empresas son investigadas en conexión con transacciones ilícitas. Entre las afectadas se encuentra Nomura Securities, la mayor firma de inversiones de Japón.