El PSOE exige que Pérez Villar devuelva las subvenciones ilegales que otorgó

El grupo parlamentario del PSOE en Castilla y León considera que Miguel Pérez Villar y Javier Valenzuela, ex consejero y director general de Economía, respectivamente, en la etapa en que José María Aznar gobernó la comunidad, "deben hacer efectiva la devolución de las subvenciones concedidas irregularmente a las empresas Renasa y Minas Ventana" en el llamado caso de la minería. Una sentencia inhabilitó a ambos ex altos cargos por prevaricación.Para el procurador socialista Octavio Granado, la Junta pretende iniciar un procedimiento contra las empresas citadas para que devuelvan las subvenciones, a pesar de que el dictamen del Consejo de Estado declare expresamente que "la revocación de oficio de las resoluciones no puede afectar en modo alguno a los efectos económicos de un convenio consolidado y cumplido en su integridad por ambas partes". El PSOE quiere, por el contrario, que la Junta proceda contra Pérez Villar y Valenzuela "tal y como prevé la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas para los casos en los que existe condena firme".Granado también denunció "que el PP no puede proceder contra Pérez Villar porque tiene miedo de que éste implique a Aznar en esas subvenciones ilegales".Acusaciones a AznarEstos datos fueron expuestos ayer en Valladolid en una rueda de prensa en la que el PSOE acusó a Aznar, "de presionar a través de los servicios jurídicos del Estado para que el Tribunal de Cuentas no envíe al fiscal las irregularidades detectadas en el informe sobre los presupuestos de l994".

Según el PSOE, de dicho informe se desprende que el Ejecutivo pagó ese año 294 millones de pesetas por un aval concedido al crédito con el que los accionistas privados de Dycril, antes Cristaloyd, entraron en la sociedad. El PSOE afirma que en 1992 la Administración regional adquirió la participación de los accionista privados en Cristaloyd mediant la compra de 12.511 acciones a precio simbólico de una peseta debido a la situación de quiebra de la sociedad que exigía cuantiosas ampliaciones de capital que no desembolsó la parte privada A pesar de que la Ley de Hacienda de la región obliga a la Junta exigir la presentación de garantías si se observaba una disminución notoria de la solvencia de empresa avalada, la Junta, según el PSOE, no lo hizo.

Según el secretario regional socialista, Jesús Quijano, la Junta ha utilizado fondos públicos "al servicio de intereses privados que no han asumido ni riesgos ni pérdida alguna, pero que sí se hubieran reservado los beneficios".

El Tribunal de Cuentas considera en el informe sobre 1994 que Dycril utilizó operaciones irregulares de crédito no autorizadas por 206 millones de pesetas. Todas las irregularidades dieron pie a una petición del servicio jurídico del Estado de apertura de diligencias previas por presuntas irregularidades en el uso de fondos públicos. Dicha petición fue retirada por orden del director general del servicio al día siguiente de su publicación por EL PAÍS.