El PSOE se opone a la excedencia pagada para los jueces 'emigrados' de la política

La nueva regulación del regreso a la judicatura de los jueces emigrados a la política, aprobada en junio por el Congreso, enfrentará al PP y el PSOE en el Senado, a mediados de mes, en el debate sobre la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). El PP no sólo mantiene los tres años de excedencia forzosa y pagada para aquéllos, sino que plantea su retroactividad, lo cual permitirá unas largas vacaciones remuneradas a la ministra Margarita Mariscal cuando vuelva a ejercer como juez. El PSOE defenderá la supresión de tal regulación.La vigente LOPJ, de 1985, suscitó críticas por permitir el regreso de magistrados como Baltasar Garzón desde su escaño de diputado y su alto cargo en Interior a su puesto de juez de la Audiencia Nacional. Pero la solución propuesta por el PP, de tres años de excedencia forzosa pagada antes de reincorporarse a la judicatura, es considerada un despropósito por el Consejo General del Poder Judicial (CGH). El Grupo Socialista del Senado ha presentado 22 enmiendas. Según el PSOE, el precepto puede incluso vulnerar el derecho constitucional a participar en asuntos públicos e incentivar el fraude de ley y el abuso de derecho.

En su informe, el CGPJ estima que ese acuerdo es "excesivamente gravoso desde el punto de vista presupuestario", dada la previsión de pagar durante tres años a los jueces afectados sin que trabajen para la Justicia. Fuentes jurídicas resaltan también el riesgo para la independencia judicial de que, antes de volver, permanezcan tres años cobrando y dedicándose no se sabe a qué.

El texto aprobado por el Congreso prevé la excedencia forzosa para los jueces que ",cesen en el desempeño de cargos políticos o de confianza", pero también para los que sean candidatos en elecciones europeas, legislativas, autonómicas o municipales tanto cuando regresen a la función judicial como cuando no resulten elegidos.

El senador Galán explicó que la medida, "además de su coste presupuestario" Permitiría que cualquier juez que logre ser incluido en una lista electoral en un puesto que le impida ser elegido se aseguraría tres años de cobrar sin trabajar.