Contra la impunidad

LO MÁS importante del juicio contra la dirección de Herri Batasuna (HB) que se abre hoy es que se celebre. Durante años, criterios políticos han determinado que no se denunciaran hechos con indicios delictivos claros protagonizados por dirigentes de esta coalición o que, de denunciarse, no prosperasen las causas abiertas. El argumento implícito era que la apertura de acciones penales contra HB tendría como consecuencia lógica la ilegalización de esta formación, y sigue habiendo práctica unanimidad sobre la inconveniencia política de esta medida.Se decía que juzgar a dirigentes de HB por delitos que ellos considerarían políticos era contraproducente porque favorecía su victimismo y era poco menos que un favor para las campañas electorales y de agitación de la coalición proetarra. Amparados por ese estado de opinión, los dirigentes de HB no han dejado de desafiar a la justicia, de ofender a las leyes y despreciar a las instituciones. Se han negado a comparecer cuando eran citados a declarar y han negado autoridad a los tribunales cuando les convenía.

El efecto de esta política ha sido desolador. Una organización cuya misión principal -y posiblemente única- consiste en dar cobertura política a los crímenes de ETA se ha visto durante muchos años envuelta por un halo de impunidad que reforzaba el efecto amedrentador del terrorismo en la misma medida en que desmoralizaba a los ciudadanos respetuosos con la ley. Esa situación, tan injusta como absurda, parece haber tocado definitivamente a su fin. El Gobierno y la sociedad española parecen por fin coincidir en que la aplicación estricta de las leyes contra criminales y sus colaboradores necesarios no debe depender de consideraciones políticas coyunturales.

Cuando el pasado año los dirigentes de HB se negaron a presentarse ante el juez, fueron detenidos y salieron en libertad condicional tras pagar dócilmente las fianzas correspondientes. Las que, por cierto, no dejan pagar a los familiares de los etarras presos para su libertad condicional. Serán juzgados a partir de mañana. Están acusados de colaboración con banda armada por haber prestado su espacio electoral a ETA -para emitir el famoso vídeo con la llamada alternativa democrática de la organización terrorista- y por el contenido de sendos comunicados justificando los asesinatos de Fernando Múgica y Francisco Tomás y Valiente. Su plena colaboración con ETA no es sólo una convicción general de la sociedad vasca y española, es un hecho que los líderes. de HB no dejan de confirmar en comunicados y declaraciones. Pero ahora se trata de establecer judicialmente y en casos concretos la certeza de esta evidencia.

Por supuesto, sigue habiendo quienes invocan razones de oportunidad política para considerar un despropósito el juicio. Arzalluz ha ido otra vez un poco más lejos y ha acusado al Gobierno de intenter presionar al Tribunal Supremo en favor de una condena. Arzalluz, tan condescendiente él e incluso entusiasta del Gobierno del Partido Popular en otras cuestiones mucho más discutibles, ha ido de nuevo a hacer su crítica de consumo interno en un asunto que realmente exige más temple y sentido común y menos retórica gratuita. El consejero vasco del Interior, Juan María Atutxa, ha demostrado una vez más que entiende mejor cuáles son las prioridades en la autodefensa de una sociedad democrática frente a la agresión de los pistoleros etarras y sus encubridores políticos. Ha dicho algo tan sencillo como que hay que aplicar la ley, sin entrar en otras consideraciones. También desde el nacionalismo democrático, Anasagasti ha manifestado que, así como es clara la existencia del delito en la justificación de los asesinatos, resulta discutible que exista en la difusión del vídeo. El debate está abierto. La colaboración con banda armada no implica acción armada, que es otro delito, sino cooperación para facilitar los fines perseguidos con esa acción. Atutxa sostiene que, de acuerdo con ese criterio, ceder un espacio electoral a ETA es colaborar con ella. Viene a ser como facilitar dinero a la organización para financiar su actividad criminal.

El delito no dependería, por tanto, del contenido del vídeo, sino de la cesión del espacio en sí misma. Lo que no significa que el contenido, una supuesta oferta de paz, exima de nada. Pues esa oferta, expuesta por primera vez en el comunicado en que ETA asumía el intento de asesinato del hoy presidente del Gobierno, es parte inseparable del terror que se siembra como precondición y argumento a favor de una negociación política que no es otra cosa que la claudicación de una sociedad libre y democrática ante una organización criminal y totalitaria. Y, por tanto, es parte integral de la estrategia de ETA contra la democracia.