La sede del Supremo se convierte en un búnker para juzgar a la dirección de Herri Batasuna

El juicio a los 23 integrantes de la Mesa Nacional de Herri Batasuna por un delito de colaboración con la banda terrorista ETA dará comienzo a las 10.30 de esta mañana en medio de excepcionales medidas de seguridad, que incluyen por primera vez la protección de la sede del Tribunal Supremo con tanquetas policiales y el corte al tráfico de las calles adyacentes. El ministerio fiscal, la acción popular, ejercida por el Partido Socialista de Euskadi (PSE-PSOE), y la acusación de la familia de Fernando Múgica piden ocho años de cárcel para cada uno de los acusados por colaboración con banda armada, por haber cedido sus espacios gratuitos en TVE para difundir un vídeo de ETA durante las elecciones generales de 1996. La Asociación de Víctimas del Terrorismo pide penas de 10 a 12 años por pertenencia a banda armada y colaboración con ETA.

Herri Batasuna teme el resultado de este juicio y ha movilizado a los más veteranos abogados,de su destacamento jurídico para acudir al Supremo: Miguel Castells, Iñigo Iruin, Kepa Landa, Álvaro Reizábal, el crítico Patxi Zabaleta... El tribunal estará presidido por José Augusto de Vega e integrado por los magistrados Ramón Montero y Roberto García Calvo.El Ministerio del Interior tiene previsto convertir el Palacio de las Salesas en un búnker para prevenir un posible atentado de ETA o que grupos ultraderechistas provoquen disturbios, como en la última comparecencia de los miembros de FIB ante el Supremo. El dispositivo especial de seguridad se mantendrá el tiempo que se prolonguen las sesiones, previstas en principio para cinco jornadas. Efectivos antidisturbios de la policía patrullan desde el viernes los alrededores del palacio provistos de chalecos antibalas y fusiles. La zona está siendo rastreada constantemente por perros entrenados para detectar explosivos, mientras la brigada de subsuelo controla la red de alcantarillado. El dispositivo incluirá equipos de artificieros para intervenir ante cualquier coche o paquete sospechoso. Los servicios de vigilancia y escolta a los magistrados del Supremo también han sido reforzados.

La investigación sobre el vídeo electoral de ETA fue iniciada por el juez Baltasar Garzón, quien el 21 de febrero de 1996 encarceló a Jon Idígoras como reponsable de comunicación de la coalición abertzale. En realidad le impuso una fianza de 300 millones de pesetas, pero HB se negó a pagarla. Después de las elecciones, el 1 de abril, el magistrado redujo la fianza a 15 millones, pero Idígoras siguió preso hasta el 10 de junio siguiente, día en que la fianza fue nuevamente rebajada: sólo 5 millones.

En abril de 1996, Garzón remitió la causa al Tribunal Supremo, al estimar que HB y ETA "de mutuo acuerdo, y con unidad de fines", habían desplegado "toda una estrategia conjunta" para imponer la alternativa KAS mediante la violencia. Como entre los miembros de la Mesa había siete parlamentarios, el Supremo se hizo cargo del proceso, por su calidad de aforados

Ahora, tras año y medio de investigaciones, el fiscal pide para cada uno de los 23 integrantes de la dirección de HB ocho años de prisión por un delito del artículo 174 bis a) del antiguo Código Penal, por ser más favorable que el 576 del Código de 1995. Según la acusación del fiscal del Tribunal Supremo, ante la convocatoria de las elecciones generales de 1996, miembros no identificados de ETA se pusieron en contacto con integrantes de la Mesa de HB "a fin de aunar esfuerzos" para conseguir los fines de la banda armada. La Mesa se encargó del anuncio, propagación y exhibición de un vídeo de 20 minutos de duración en el que dos encapuchados con pistola informan en euskera sobre una llamada "alternativa democrática" en la que exigen una "amnistía general e incondicional" y la "salida de las fuerzas armadas españolas" del País Vasco. La dirección de HB contrató y pagó los anuncios publicitarios en Egin los días 6 y 14 de febrero. Ante la imposibilidad de que ETA pudiera ocupar los espacios electorales gratuitos reservados a los partidos políticos, integrantes de la Mesa de FIB remitieron oficialmente una maqueta y copias de un segundo vídeo a las televisiones públicas del País Vasco y Navarra para insertarlas en los espacios de la coalición. El vídeo indicaba que la coalición quería "ofrecer con su voz" y "ceder su palabra" a la "propuesta de paz" de ETA. En las imágenes aparecían tres encapuchados con pistolas y con el anagrama de ETA a la espalda. En la misma línea, HB editó una cinta magnetofónica de dos minutos de duración, que remitió a Radio Nacional para su inserción en los espacios gratuitos de la campaña electoral. Después remitió a Televisión Española otro vídeo, en el que se sustituía la alocución de los tres encapuchados por la expresión "Censurado" en grandes letras rojas que cruzaban la pantalla.

El fiscal también aprecia el delito de colaboración con ETA en sendos comunicados de la Mesa de HB tras los asesinatos del abogado socialista Fernando Múgica y del ex presidente del Tribunal Constitucional Francisco Tomás y Valiente, así como en una circular interna en la que la coalición propugnaba combatir al Estado "con los medios más poderosos ".