Turismo lleva un año sin resolver sobre los pisos ilegales de Aravaca

Madrid - 05 oct 1997 - 00:00CEST

El Mirador Real de Aravaca, edificio de 45 apartamentos comprados, entre otros, por altos cargos del PP, celebra su primer aniversario de ilegalidad consentida. El presidente regional, Alberto Ruiz-Gallardón, así como el alcalde de Madrid, Jose María Álvarez del Manzano, reconocieron hace un año que el edificio se utilizó ilegalmente como vivienda habitual. El inmueble se levantó en un suelo privilegiado (frente al monte de El Pardo) en el que sólo se podían abrir apartamentos turísticos en alquiler o chalés unifamiliares. La realidad fue otra. Se censtruyó, un bloque de apartamentos y se vendió como si fuera un edificio de viviendas. Entre los compradores de esos pisos ilegales estaban el ministro de Administraciones Públicas, Mariano Rajoy, y el presidente de la Asamblea de Madrid, Juan van Halen, ambos del PP. El Gobierno regional abrió un expediente investigador para comprobar la irregularidad. Sin embargo, la prueba definitiva que ratifique el uso fraudulento sigue sin llegar. Está en el despacho de la Dirección General de Turismo, organismo que debe otorgar la licencia definitiva una vez comprobado que los apartamentos se utilizan según la solicitud de licencia provisional de funcionamiento (en régimen de alquiler). "Para completar el expediente, aún falta el informe de los técnicos", alegó el martes la directora general, María Teresa García Siso.

Agresión medioambiental

PSOE e IU dicen que el PP ha "congelado" la investigación

El Plan General de Ordenación Urbana de 1985 (elaborado por el PSOE) prohibió la construcción de bloques de viviendas para impedir la masificación de esta privilegiada zona por "la consiguiente masificación y agresión medioambiental que traería para una zona tan delicada como es el monte de El Pardo", según el socialista De la Riva.Además del uso fraudulento del Mirador Real, el Ayuntamiento ha perdido dinero con este inmueble: el promotor que construye un apartahotel está exento de las cesiones de suelo obligatorias. Cesiones con las que el Consistorio paga la construcción de las infraestructuras y dotaciones necesarias para dar servicio a los nuevos vecinos.

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