La Asociación de Fiscales descalifica la actuación de Cardenal y critica la situación de la Audiencia

La Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria en la carrera, criticó ayer al fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, y pidió al Gobierno que refuerce la imparcialidad del ministerio público, según explicó su portavoz, Miguel Colmenero, tras la reunión celebrada por la AF los dos últimos días. Colmenero, que expresó la preocupación de la AF "por la situación actual de la justicia", apeló a la moción que aprobó en mayo el Congreso de los Diputados para "reforzar la independencia e imparcialidad del ministerio fiscal y pidió al Gobierno que se "ajuste a su letra y a su espíritu".

El portavoz de la AF dijo que la imagen de la Fiscalía se ha visto deteriorada seriamente por "la forma como ha sido entendida en la mayor parte de las ocasiones la relación entre el Gobierno y el Ministerio Fiscal", así como por "las actuaciones concretas de algunos fiscales generales del Estado y los acontecimientos que han tenido lugar en los últimos tiempos".Recordó que una de tales actuaciones, la designación por el fiscal general, Jesús Cardenal, de Eduardo Fungairiño como fiscal jefe de la Audiencia Nacional -tras la defenestración de José Aranda por su antecesor Juan Ortiz Urculo- ha sido impugnada por la AF ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que tiene admitido a trámite el recurso. Mostró "enorme" preocupación por la situación actual de la Audiencia Nacional.

La fiscalía de la Audiencia Nacional, tras el desalojo de Aranda y su sustitución por Fungairiño, a pesar de no haber tenido éste ningún voto favorable del Consejo Fiscal -como es preceptivo para ascender a fiscal de sala-, se ha ido deteriorando progresivamente y ha quedado en manos del grupo de fiscales rebeldes. Además de que Fungairiño, uno de los sancionados por el, anterior fiscal general, Ortiz Urculo, ocupa la jefatura, otro, Ignacio Gordillo, continúa sin cumplir el mes de suspensión que se le impuso. Asimismo, siguen sin ejecutarse las sanciones de 50.000 pesetas impuestas a Fungairiño, Gordillo y Pedro Rubira.

La AF, según informó su portavoz, insta al fiscal general a que cubra las jefaturas de la Fiscalía Antidroga y del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, cuya importancia "hace desaconsejable la permanencia en la situación actual".

Para Colmenero, garantizar que, mientras esté actuando, el fiscal general no sea objeto de presiones políticas que le obliguen en cierto modo a tomar decisiones". Apeló a una moción aprobada el 27 de mayo último por el Congreso de los Diputados con objeto de "reforzar la independencia e imparcialidad del Ministerio Fiscal" y expresó su esperanza en que el Gobierno asuma el contenido de dicha moción y "ajuste a su letra y a su espíritu sus actuaciones en relación con el Ministerio Fiscal, hasta que se concreten las pertinentes reformas legales".

Colmenero mostró su esperanza en que los grupos políticos, tanto, del poder como de la oposición, realicen el esfuerzo necesario para conseguir un pacto por la Justicia, que permita su adecuado funcionamiento, renunciando a su "utilización como instrumento de confrontación política". Pidió que, en cambio, "impulsen la aprobación de las leyes necesarias y aborden con seriedad y constancia la imprescindible dotación de medios".

Precisamente el portavoz de IU en la Comisión de Justicia del Congreso, Pablo Castellano, mostró ayer la disposición de su grupo a un pacto de Estado para la Justicia. Como condición previa, Castellano pidió al PP y al PSOE que renuncien a la actitud de "manipulación permanente" en la que, a su juicio, coinciden.