Presos en la mesa

LA CONCESIÓN por parte del Ministerio. del Interior del tercer grado penitenciario a cuatro reclusos que cumplen condena por su relación con ETA -y que han acreditado su desvinculación con la banda- es plenamente coherente con el principio constitucional de favorecer la reinserción de los presos. Ello parece indicar una postura más flexible del Gobierno en su política penitenciaría, y desde luego el abandono del maximalismo del cumplimiento íntegro de las penas. Una de las derivaciones del objetivo de reinserción es la recomendación de mantener al penado en cárceles próximas a su medio vital, a fin de evitar su desarraigo. Las formaciones vascas, reunidas en tomo a la Mesa de Ajuria Enea, intentaron ayer aproximar posturas sobre esta cuestión, permanente motivo de discrepancia desde hace dos años.Los nacionalistas consideran que el acercamiento es un derecho de los presos que el Gobierno no respeta, vulnerando con ello la ley. Otros partidos, y sobre todo el Ministerio del Interior, sostienen que se trata de un principio genérico que admite diversas plasmaciones y que, en todo caso, debe aplicarse con carácter individualizado y de forma que no sea contradictorio con el objetivo de favorecer la reinserción (lo que puede implicar evitar la concentración de etarras en un mismo penal). El radicalismo con que se planteó la cuestión, incluyendo la famosa amenaza de denunciar al Gobierno ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, ha resultado nefasta para la cohesión del frente democrático. ETA trató de explotar esa divergencia con el secuestro de Ortega Lara.

Sea un derecho reconocido por la ley o un principio contingente, parece haber acuerdo -al menos parecía haberlo antes del secuestro del funcionario- en que el acercamiento es deseable desde el punto de vista humanitario y, además, conveniente políticamente: cuanto más cerca estén, más fácil será para las familias establecer una relación con el recluso que no pase por los filtros del entorno de ETA. Se comprende que el secuestro de Ortega Lara dificultara dar pasos en ese sentido, y de hecho fue Arzalluz el primero en decir que había que paralizar cualquier iniciativa hasta que soltaran al funcionario. Pero, una vez liberado por la policía, no se justificaba la falta de iniciativa de Interior. Ojalá que la concesión del tercer grado a esos cuatro reclusos anuncie una actitud menos rígida por su parte, y que ello favorezca un acuerdo que acabe con esta absurda polémica que sólo ha beneficiado a quienes secuestraron a Ortega Lara y asesinaron a Miguel Ángel Blanco.