Villapalos acepta las competencias escolares al dar el Estado más dinero

Las cábalas del que fuera rector de la Universidad Complutense tienen forma de regla de tres y son como siguen. Si es verdad que el Ministerio pone sobre la mesa unos 200.000 millones de pesetas más y se tiene en cuenta que Madrid aglutina el 52% del alumnado del territorio MEC -las autonomías que aún no cuentan con las competencias transferidas-, la mitad del pastel debería acabar por pura lógica, en manos de la Administración madrileña. Y si el Estado no aplica un criterio estrictamente proporcional, se estaría en márgenes, como mínimo, "negociables".Las cuentas, por tanto, parecen cuadrar por primera vez en este largo proceso de traspaso de poderes. Pero no habrá lugar para el exceso de confianzas. Ya a principios de este año, Villapalos advirtió a sus compañeros del consejo de gobierno que abandonaría fulminantemente su cargo si le obligaban a aceptar aquellos exiguos 227.000 millones.

Pillarse los dedos

El consejero tampoco está dispuesto ahora a lanzar las campanas al vuelo. "Me da lo mismo lo que se juegue Gustavo Villapalos", subrayó, "pero lo grave es lo que se juega la Comunidad. Es evidente que, una vez hecha la transferencia, no hay marcha atrás, y yo tengo que luchar para que el gobierno regional no quede hipotecado ni maniatado". El ministro de Ruiz-Gallardón remachó: "Todos los números habrá que hacerlos con muchísimo cuidado, porque en esto de la transferencia no podemos pillarnos los dedos".

El tema, por tanto, entra en una fase enteramente económica, porque el volumen de lo que está a punto de afrontar la región es muy considerable. La Comunidad habrá de asumir el control sobre 900.000 alumnos (530.000 de enseñanza pública, 370.000 en la privada y concertada), 64.000 profesores (43.000 y 21.000) y 2.050 centros de enseñanza, de los que 1.200 son de titularidad estatal, y el resto, privada.

El traspaso se encarece, además, por las características propias de la LOGSE, el nuevo sistema educativo en pleno proceso de implantación. Por un lado, la enseñanza obligatoria se amplía en dos años, de los 14 a los 16; por otro, habrá que construir más institutos para los alumnos de los dos primeros cursos de ESO (de 12 a 14 años), que hasta ahora se desenvolvían en colegios, y, por si fuera poco, hay que atender la demanda de escuelas infantiles públicas y la promesa de José María Aznar de subvencionar en parte las privadas.

Ya en julio, la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid cifró el coste de estos añadidos en 60.000 millones de pesetas. De ellos, más de la mitad (34.000) se destinaría a la construcción de 60 nuevos centros.

Las transferencias no sólo deben suponer una mejora en la calidad de las prestaciones educativas. Los profesionales del Ministerio de Educación en Madrid las esperan, desde hace muchos años, como agua de mayo. Lo primero, porque es una garantía: los traslados se circunscribirán a la Comunidad, mientras que ahora cualquier funcionario puede ser destinado en Aragón, La Rioja o Asturias, por ejemplo. El traspaso, además, abre las puertas a posibles mejoras salariales: hoy día, un docente de Barcelona cobra más que otro de Madrid.