La forja de un gigante
Este verano ha nacido Aceralia, palabra que tiene que ver con el acero, pero también con "hacer alias", esto es, con asociarse, con juntarse con otros, en este caso con la industria siderúrgica de matriz luxemburguesa Arbed para crear el gran grupo europeo del acero: la vieja industria española ya no se llama Ensidesa, ni AHV, ni AHM, ni CSI, ni ninguna otra sigla impronunciable, ha tomado un nombre imaginario para empezar su nueva etapa.La venida de la multinacional luxemburguesa Arbed supone la integración de la antigua Corporación Siderúrgica Integral (CSI) en el mercado mundial -operan en más de sesenta países-, su relanzamiento industrial -contempla la creación de nuevas líneas de fabricación-, su aumento de capacidad y de empleo, y la potenciación de todas sus instalaciones, sobre todo en Asturias, convirtiendo a la nueva Arbed Aceralia en la primera siderurgia europea y la, tercera del mundo: ha nacido un gigante.
Detrás queda una historia de siglo y medio de industria siderúrgica española, la madre de todas las industrias, que fue determinante en la marcha de la economía del país, que instalada entre el País Vasco y Asturias convirtió a esas regiones en protagonistas destacadas de la industrialización, hasta que en los años sesenta la apertura al exterior y la competencia tecnológica forzaron cambios empresariales que colocaron finalmente este sector estratégico en manos del Estado.
A comienzos de los años ochenta, cuando el PSOE llegó al poder, la siderurgia española era un gigante con pies de barro, un mamotreto industrial heredero de la autarquía, el desarrollismo y la transición, al que ningún Gobierno había metido mano en muchos años. Con las viejas fábricas en plena crisis por la competencia de las siderurgias europeas que ya se habían reconvertido, por la competencia de nuevos productos que desplazaban al acero y por la competencia de nuevos países productores, a la industria siderúrgica española no le quedaba otra alternativa que ajustar su estructura empresarial, su tecnología y sus plantillas para poder coger el paso, tarea que se inició por fin en 1984 con el famoso Plan de Reestructuración de la siderurgia integral, plan que costó miles de millones, miles de puestos de trabajo y miles de conflictos laborales a lo largo de los años posteriores, y que acabaría con el cierre de la cabecera de Sagunto, la adaptación de las instalaciones de AHV y la construcción de una nueva acería LD III en Avilés. No obstante, el desmantelamiento no fue suficiente, porque cuando aquella reconversión acabó, hubo de iniciarse otro gran ajuste en 1992, el llamado Plan de Competitividad, que terminaría con la integración definitiva de Ensidesa, AHV y los restos de AHM en CSI.
El balance de la gestión por el viejo INI de la transformación siderúrgica no fue muy favorable ni para Asturias ni para el país en su conjunto, aunque salvó al País Vasco de la quema. En efecto, gracias a su influencia política y empresarial, los vascos consiguieron en el plan de 1984 unas inversiones de más de 100.000 millones de pesetas para tratar de dar continuidad a las viejas instalaciones de AHV, que menos de una década después tuvieron que desmantelarse completamente, y luego forzaron la construcción de una modernísima acería compacta -ACB- en Sestao, con participación privada, pero ambas, operaciones frenaron el desarrollo de Ensidesa y la potenciación de la acería de Avilés.
Además, España no negoció bien en Bruselas sus sucesivas reconversiones y recibió ayudas comunitarias muy inferiores a otros países europeos. Por último, después de integrar el sector, troceó CSI en tres partes -Largos, Planos y Transformados- para venderla con más facilidad al mejor postor, lo que en 1995 estuvo a punto de hacer enajenando CSI Largos al grupo privado catalán Celsa.
Y, sin embargo, esa gestión siderúrgica tan polémica fue capaz de dotar a CSI de cierta especialización, de sanearla, financieramente y de colocarla en beneficios durante los últimos ejercicios, lo que unido al hecho de ser la última industria estatal del acero en privatizarse, hizo que las grandes siderurgias europeas entraran a fondo en la puja por su control, sobre todo la francesa Usinor-Sacilor y la luxemburguesa Arbed.
La privatización de la CSI levantó ampollas entre el Ministerio de Industria y las comunidades afectadas, especialmente Asturias, pues mientras el País Vasco ya había conseguido la autonomía siderúrgica con la construcción de la acería de Sestao para proveer a su propio tejido empresarial, Asturias se jugaba su futuro industrial en este envite, por eso en el Principado las fuerzas políticas y sociales se movilizaron activamente: el presidente Marqués defendió desde el principio que el Estado no podía enajenar totalmente el primer activo industrial de la región y propuso la teoría de los tres tercios -participación a partes iguales entre un socio tecnológico, privados y Estado-, las fuerzas sindicales y políticas de la oposición denunciaron la venta de la CSI como una operación para "hacer caja" contraria a los intereses nacionales, e incluso las camaras de comercio sacaron un comunicado oficial poniendo como condición que el nuevo accionista tuviera un "plan de negocio" que debía contribuir "al desarrollo regional".
Sin embargo, la CSI finalmente no se vendió, integró el 35% en una gran siderurgia, la multinacional europea Arbed, que prevé grandes inversiones en la modernización de la nueva empresa, aumento de plantilla, de capacidad y de I + D. Por una vez y sin que sirva de precedente, todos los afectados han reaccionado positivamente, los sindicatos, los partidos políticos de la oposición e incluso las comunidades afectadas, de tal manera que esta alianza estratégica ha venido a quitar hierro -nunca mejor dicho- a la secular confrontación siderúrgica española y ha hecho el milagro de convertir los panes de la privatización en los peces de la integración en una gran multinacional para crear la primera gran siderurgia europea, para forjar un gigante, Arbed con Aceralia.
Hay que reconocer, por tanto, el éxito del Ministerio de Industria en esta primera apuesta estratégica para el porvenir siderúrgico del país, aunque quedan pendientes algunas cuestiones decisivas para despejar el futuro de Aceralia, a saber: la concreción del citado plan industrial de Arbed, el tratamiento territorial específico para las deterioradas comarcas siderúrgicas asturianas prometido por. el ministro Piqué y sobre todo el modelo accionarial definitivo de Aceralia.
El plan industrial puede resucitar el enfrentamiento entre las comunidades siderúrgicas, pues Arbed se propone ejecutar sus principales inversiones en Asturias potenciando sus líneas de galvanizados, que también reclama Valencia para Sagúnto, mientras en el País Vasco tiene prevista la instalación de una planta de acero inoxidable que piden en Avilés. Para el Principado las inversiones previstas, e incluso la potenciación de la histórica empresa de bienes de equipo Duro-Felguera con su posible entrada en la privatización de Babcock Wilcox, serían operaciones estratégicas que podrían empezar a frenar el incontinente declive industrial que viene sufriendo la región en los últimos 20 años, mientras que la marcha económica de las otras comunidades donde está establecida la CSI depende mucho menos de estas decisiones de la política industrial española.
Sin embargo, la cuestión más polémica va a ser la composición del modelo accionarial definitivo, con o sin participación pública. La Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), que ha vuelto a asumir a las empresas públicas en pérdidas que estaban en la recientemente desaparecida Agencia Industrial del estado (AIE), tiene previsto ofrecer otro 30% a empresas privadas del sector del acero como socios de acompañamiento y sacar a Bolsa el resto de Aceralia, esto es, se produciría una desvinculación completa del Estado en el siderúrgico, que enfrentaría a la SEPI con la opinión del Gobierno de Asturias que defiende la teoría de los tres tercios, con la opinión de las fuerzas sindicales y políticas de la oposición, y además con la estrategia industrial de los principales países europeos, que conservan una participación pública en sus grandes siderurgias, lo que también ocurre con la propia Arbed, donde el Estado de Luxemburgo controla cerca de la cuarta parte de la empresa.
De ser así, el enfrentamiento está servido, porque como ya se ha dicho el Estado español entregaría el control de una industria estratégica al Estado de Luxemburgo, mientras que por otra parte la experiencia reciente de la OPA de Krupp contra Thyssen en Alemania fue posible porque un accionariado más diseminado y menos estable hacía a Thyssen vulnerable, facilitando la operación hostil que acabaría con su independencia.
En Aceralia esas incertidumbres pesan sobre su futuro, porque una participación accionarial siguiendo el modelo del capitalismo popular puede lastrar el porvenir de la siderurgia española, una industria madre que nuestro país no debería dejar al albur de la Bolsa por prejuicios ideológicos: ése es el reto definitivo de la nueva siderurgia española para que verdaderamente Aceralia sea -como dice su propaganda- fuerte como el acero.
