El Supremo investigará la trama destapada por Garzón en torno al 'caso' Sogecable

La Sala Segunda del Tribunal Supremo investigará la trama desvelada por el juez Baltasar Garzón sobre las presuntas conexiones del juez Javier Gómez de Liaño con los acusadores del caso Sogecable, dirigidas a dilatar el proceso el mayor tiempo posible e incluso encarcelar al presidente de dicha compañía, Jesús de Polanco. Tras varias jornadas de indecisión, el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, acordó ayer remitir al Supremo las actuaciones que le había enviado el Consejo del Poder Judicial, "para que se proceda a la investigación penal de los hechos". La Sala Segunda investigará, cuando menos, la posible existencia de un delito de prevaricación por parte del magistrado Gómez de Liaño.

Una semana después de que el Consejo del Poder Judicial le instase a iniciar acciones, el fiscal del Estado hizo pública ayer una escueta nota de diez líneas sobre la presentación, con fecha de ayer, de un escrito de denuncia dirigido a la Sala Segunda del Tribunal Supremo.La nota no especificaba cuales son los hechos que podrían ser considerados delictivos. Tampoco mencionaba el nombre de ningún posible autor de los mismos, por lo que, según fuentes jurídicas, el fiscal general parece no querer dirigir a acción penal directamente contra Liaño y habría dejado abierta la posibilidad de extender la responsabilidad al juez Baltasar Garzón.

Sin embargo, fuentes del Consejo del Poder Judicial y de la Fiscalía enfatizaron que, desde el punto de vista técnico, la. única posibilidad es la de investigar la posible prevaricación que describe Baltasar Garzón en la misma resolución por la que comunicó su voluntad de abstenerse en la recusación de Gómez de Liaño como instructor de las diligencias sobre Sogecable.

El fiscal alude también en su comunicado a la nota que Gómez de Liaño remitió al Consejo del Poder Judicial, en la que éste negaba su participación en reuniones con los acusadores y se quejaba de las imputaciones hechas contra él por el juez Baltasar Garzón.

A partir del lunes

La denuncia del fiscal general del Estado llegó ayer al Supremo minutos antes de las dos de la tarde y, dado lo avanzado de la hora, quedó depositada en la Secretaría de Causas Especiales de la Sala Segunda -los dos magistados afectados son aforados-, donde comenzará a ser tramitada a partir del próximo lunes.

La Sala encargada de causas especiales está integrada, este semestre, por el presidente, José Augusto de Vega, y los magistrados Enrique Bacigalupo y José Manuel Martínez Pereda. Según fuentes del Supremo, el próximo lunes se designará al instructor según un turno establecido entre todos los magistrados de la Sala. La denuncia podría recaer en la zona de la lista en la que actualmente se encuentran los magistrados Eduardo Móner, José Antonio Martín Pallín, Joaquín Delgado y Luis Román Puerta.

Tras una semana en la que, según algunos medios, el fiscal general incluso inició la preparación de diligencias que él pensaba llevar personalmente, Cardenal aceptó la opinión dominante en la Fiscalía del Estado de remitir el asunto a la Sala Segunda. El criterio mayoritario entre los fiscales de Sala del Tribunal Supremo consultados por este periódico era que ni Liaño ni Garzón podían ser obligados a prestar declaración en la Fiscalía, al ser magistrados de la Audiencia Nacional y estar aforados a la Sala Segunda del Supremo. De ahí el problema que se hubiese generado si alguno de los dos jueces se hubiera negado a acudir al llamamiento del fiscal. Por eso, la solución más aconsejable era la de remitir el caso a la Sala Segunda.

El impulso del CGPJ

La actuación del fiscal, en cualquier caso, está impulsada por el Consejo del Poder Judicial, que el sábado pasado decidió remitir a la Fiscalía del Estado los hechos "de extraordinaria gravedad" denunciados por el juez Baltasar Garzón en el auto por el que se abstenía de decidir sobre la recusación de Gómez de Liaño.

En dicha resolución, Garzón desvelaba la trama de contactos entre el instructor de las diligencias sobre Sogecable, Javier Gómez de Liaño, con el abogado Antonio García Trevijano, el periodista Jaime Campinany -denunciante del caso-, los fiscales Eduardo Fungairiño, Ignacio Gordillo -fiscal del caso-, María Dolores Márquez de Prado,_el profesor universitario Jesús Neira y el juez Joaquín Navarro.

Garzón justificó su abstención alegando haber tenido conocimiento extraprocesal de algunos encuentros, charlas y reuniones en las que se trataron aspectos relacionados con las querellas, "la necesidad de que el procedimiento debía pervivir el mayor tiempo posible en una labor prospectiva, aun cuando no existiera base para ello", y "la conveniencia de tomar medidas de prisión respecto a algunos de los querellados".