El PSOE propone que España lidere en la UE la oposición contra Fujimori
Las continuas acciones de amedrentamiento contra la oposición y la prensa independiente del régimen autoritario del presidente peruano Alberto Fujimori han decidido al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) a presentar una proposicion no de ley ante el Congreso de los Diputados para que España promueva, entre otras medidas, una posición común en la Unión Europea que ponga freno a la deriva totalitaria del régimen cívico-militar peruano. La iniciativa del PSOE sigue la estela de una reciente resolución del Parlamento Europeo.
El PSOE presentó la proposición esta semana en el registro del Congreso de los Diputados, lo que, en caso de prosperar, obligará al Gobierno de José María Aznar a vincular las relaciones políticas y de cooperación con el Gobierno peruano a una mejora de la situación de los derechos humanos en ese país. Luis Yánez, portavoz socialista en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso y que fue responsable de las relaciones con Iberoamérica con el último Gobierno socialista, espera conseguir el apoyo de los grupos nacionalistas y de Izquierda Unida a su propuesta, ya que los grupos liberales, democristianos y de todo el arco de la izquierda europea ya lo hicieron en el Parlamento Europeo.Tanto el Grupo Parlamentario Socialista como el de Izquierda Unida acusaron, durante el pasado periodo de sesiones, al Gobierno de José María Aznar de tener dos varas para medir los derechos humanos en Latinoamérica: uno para Cuba y otro para el resto de un continente que se ha convertido, por otra parte, en el principal destino de las inversiones españolas.
Abel Matutes, ministro de Asuntos Exteriores, ha procurado mantener un cierto equilibrio político en las, relaciones con Latinoamérica, que conoce de su época de comisario europeo, frente, a una actitud más ideológica procedente de las filas de su partido.
La situación en Perú se ha agravado en los últimos meses tras la destitución e tres jueces del Tribunal Constitucional por haberse opuesto a una ley que permite la reelección del presidente Alberto Fujimori. Además, las amenazas contra el presidente del Tribunal Constitucional, Ricardo Nugent, documentadas en un amplio informe remitido por la oposición peruana al PSOE, obligaron a Nugent a renunciar.
Los métodos de coacción, en este caso, no fueron muy distintos a los utilizados habitualmente por el crimen organizado. Cuando el Constitucional debatía la Ley de Reelección, el automóvil del presidente del alto Tribunal recibió varias ráfagas de ametralladora que mataron a su chófer e hirieron a un miembro de su guardia de seguridad. Según el informe, remitido por el diputado de la oposición Javier Diez Canseco, el atentado nunca fue esclarecido.
Estos ataques armados se han dirigido también contra otros destacados miembros de la oposición como el propio diputado Javier Díez Canseco o el ex ministro de Economía Gustavo Saberbein. Canseco había presidido una comisión parlamentaria que investigó en 1991 el espionaje telefónico.
Las maniobras de amedrentamiento del régimen de Fujimori no sólo se han dirigido contra los jueces y los miembros de la oposición, sino también contra los medios de comunicación críticos con el poder. El diario La República, la emisora de radio Miraflores y el canal de televisión Frecuencia Latina han denunciado ataques y amenazas cuando han criticado al Gobierno y, en especial, al presidente. El Ejecutivo, en su rencor contra las voces críticas, llegó a retirar la nacionalidad peruana a Varuch Ivcher, propietario de la cadena de televisión Frecuencia Latina.
El Gobierno de Fujimori ha utilizado a menudo la excusa de la lucha contra los grupos guerrilleros como Sendero Luminoso o el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA), responsable este último de la ocupación de la residencia del embajador de Japón que se saldó con la muerte de todos los asaltantes, para justificar sus acciones represivas.
El Parlamento Europeo aprobó el pasado mes de julio, por unanimidad, una enérgica condena del régimen de Fujimori por todas estas violaciones flagrantes de los derechos humanos, que han sido también documentadas por organismos como Amnistía Internacional.
