El padrón ajusta las cuentas

Por fin ha aparecido, aunque sólo oficiosamente, el padrón de habitantes del 1 de mayo de 1996. Resta el momento de su "oficialización", cuando aparezca en el BOE, pero ya sabernos que la población de derecho española, en el último y objetivo dato disponible, es de 39.652.742 habitantes (según cifras entregadas por el INE al Gobierno y aceptadas por el Consejo de Ministros de 26 de junio pasado). Dado que la población de derecho del último censo (el de 1991) era de 38.872.268 habitantes (INE, Avance del Anuario Estadístico de 1995, página 57), la primera cuestión que resulta de la comparación de ambos datos, censo de 1991 y padrón de 1996, es que la población total española ha crecido en 780.482 personas, más del 2,1%. Esto como cuestión global, pero en segundo lugar, como cuestión interna, los datos nos ofrecen un crecimiento desigual por comunidades autónomas, ya que la cifra es la suma de la población de todos los territorios, observándose que unas autonomías crecen mucho, otras poco, otras nada, y otras decrecen.A nivel macro, el número total de la población española es usado como referencia obligatoria, tanto oficial como científica y profesionalmente, para elaborar un sinfín de índices, tasas, indicadores, ratios y datos de importancia y relevancia dentro y fuera de nuestro país. Temas como la renta per capita, el gasto sanitario por habitantes, o los datos del paro, se construyen sobre la referencia última al total de la población (ya sea autonómica o del Estado). Y si globalmente somos más, tocamos a menos también globalmente. Es decir, conviene cuanto antes hacer los ajustes necesarios, por seriedad y pulcritud científica, profesional y política, y añadir esos tres cuartos de millón largos de españoles en el divisor. Ello nos va a restar entre un 1 % y un 2% en lo que nos toca globalmente de bueno (renta, consumo, gasto y servicios públicos, etcétera). Pero también, y es una buena noticia, nos toca menos de lo malo, fundamentalmente del paro, pues se puede asegurar que habrá que reajustar los datos del paro registrado en el Inem (los parados registrados son los mismos, pero la población activa de referencia puede ser mayor, luego el porcentaje que representa el paro es menor); este ajuste podría suponer entre un 1% y un 2% de bajada inmediata (lo cual se parece más a la realidad del empleo en España).

La segunda gran cuenta por ajustar es la autonómica, y nada menos que en un momento álgido del rifirrafe de la financiación y en vísperas de la discusión del Presupuesto. Surge la pregunta ¿qué referencia de población total y por autonomías va a usarse? Esperamos que se use la real, y no se retrase la publicación del padrón en el BOE para usar en el Presupuesto de 1998 la cifra de siete años antes; y si se ha usado otra para hacer los cálculos, por el tiempo que ello supuso antes de que el Gobierno conociera el nuevo padrón, cabe esperar que se introduzcan las correcciones oportunas para que las cifras y cuentas sean el exacto reflejo de la realidad, aunque no nos guste comprobar que en términos presupuestarios el gasto público por habitante decrece un 2% sobre lo previsto. Pero vayamos a las autonomías. En primer lugar destaca el crecimiento absoluto de Andalucía, con 7.216.649 habitantes, 276.127 más que en 1991, que asume la tercera parte del crecimiento de la población española y pasa a representar el 18,2% del total de habitantes estatales. Sin embargo, Cataluña, con 6.090.040, sólo crece un 30.546, y queda en una posición relativa más baja que antes, ya que representa un 15,3% de la población española. Seguramente temiendo esta bajada, el presidente Pujol se apresuró a proclamar hace unos meses (según recogió EL PAÍS el 18-1-97) que "estaba satisfecho" porque en la discusión sobre la financiación "... había quedado claro que la población de Cataluña se establecía en un 16% de la española". Ahora resulta que mantener ese porcentaje sería como adjudicar a Cataluña 255.000 habitantes Más de los que en realidad tiene, es decir, que recibiría un 4,2% (decenas de miles de millones de pesetas) más de lo que le corresponde. Algo como si, de propina, a Cataluña se le asignara también la población de La Rioja, o de la mitad de Navarra. El caso de estos ciudadanos catalanes imaginarios, nos recuerda bastante aquella picaresca de cierto país mediterráneo que manipulaba las fotos aéreas con falsos olivos de cartón para cobrar más subvenciones de la Unión Europea. Pero, además, lo que resulta más importante de analizar son los datos de la estructura interna de las diferentes pirámides poblacionales autonómicas, para saber que los problemas derivados del envejecimiento de la población, por ejemplo el de quién pagará las futuras pensiones, han hecho tomar medidas con carácter universal (el "pacto de Toledo"). Pero dicho envejecimiento se produce de manera muy acusada en Cataluña, Aragón, País Vasco, Navarra, La Rioja, Castilla y León y Galicia; y repercute al resto. Por lo que a las personas que se jubilen en Andalucía, o Valencia, o en Baleares y Canarias, se les establecen unos nuevos cálculos de la base de cotización que recortarán sus pensiones, por motivo del envejecimiento de otros, llegándose a dar el caso de que, por solidaridad con los jubilados catalanes, vascos, navarros, etcétera, los nuevos jubilados andaluces, valencianos, canarios, baleares, murcianos, etcétera, verán recortadas sus pensiones. Lo mismo pasa con la sanidad, pues a mayor edad de la población, mayor gasto. Todos pagaremos la sanidad (el Estado), pero unos la gastarán progresivamente más que otros,.

Malas noticias, pues, para Cataluña y otras autonomías en estancamiento o en declive poblacional, como son, según el último padrón, el País Vasco, Aragón, Asturias, Castilla y León y Galicia. Buenas para otras, que crecen, como Andalucía y la Comunidad Valenciana, o Castilla-La Mancha, Murcia, Baleares y Canarias, que habrán de revisar sus transferencias del Estado al alza, y su paro registrado a la baja. ¿Y Madrid? Como siempre, en el centro (aunque debajo de la media). Por último, cabe señalar que desde 1991 se han venido realizando proyecciones diversas, y muy respetables, por el INE y por los diferentes institutos estadísticos autonómicos, que no han dado mucho en el clavo, pero que sirvieron para mantener las expectativas de mayor crecimiento que el real (caso catalán) o menor que el que han tenido (curiosamente, el caso andaluz); el Instituto Vasco de Estadística es el que menos se desvió, acertando al medir su estancamiento y envejecimiento poblacional. También en muchos casos se han empleado por los organismos públicos y privados "rectificaciones" y cifras de población "de hecho" algo diferentes al censo de 1991, pero que con más o menos error eran sólo aproximaciones a una realidad que ahora tiene cifras exactas y nombre legal. Esta realidad es el padrón de 1996, que nos ajusta las cuentas; es ley de vida.