Inmobiliaria Alcázar decide abandonar el negocio hotelero
Inmobiliaria Alcázar ha tomado la decisión de abandonar el negocio hotelero, un sector en el que solamente ha venido cosechando pérdidas.La inmobiliaria, una sociedad controlada por la Caixa de Balears Sa Nostra con un casi un 25% del capital y participada por Unicaja y Caja Cantabria y el financiero Javier Camp, entre otros, acumuló en 1996 unas pérdidas de 997 millones de pesetas, mientras que en 1995 los resultados negativos fueron de 1.119 millones de pesetas.
Así consta en las cuentas anuales y el informe de gestión e auditorías que aprobó hace unas semanas la junta de accionistas de esta entidad. El Consejo de Administración fue autorizado para ampliar el capital hasta 1.111 millones de pesetas.
Desde la propiedad de Alcázar se entiende que la firma arrastra el desorden financiero interior y los errores del expansionismo en el sector turístico y capitalismo fugaz, que implantó el anterior equipo de Juan Piguillem y Juan Llorens, cesados ambos y despedidos en mayo de 1996. Contra ellos se siguen diversos procedimientos judiciales "por dicho motivo" (falta de confianza) y manipulación de balances, según la memoria de la sociedad.
Las denuncias y querellas están sustanciadas en tres juzgados diferentes: por falsedad en la firma de contratos blindados de los expulsados, según Alcázar; por supuesta estafa de 10.000 millones por denuncia del hotelero y ex socio Jaume Moll de Royaltur e impago de 500 millones a Iberdrola, a la que Piguillem Compró y no abonó su paquete de acciones.
Endeudamiento
El alto nivel de endeudamiento bancario de la red de sociedades de Alcázar, el bajo nivel de la actividad inmobiliaria y las pérdidas de las sociedades participadas son las causas a las que se atribuye el anterior proceso de negocios fallidos. En 1997, Alcázar equilibrará los balances al haber vendido por 8.700 millones de pesetas al Grupo Roxa el complejo turístico Royal Mediterráneo, que estaba hipotecado por Banca March.
Piguillem diseñó la entrada de Alcázar en actividades turísticas, mediante la entrada y la toma de control en la antes potente cadena Royaltur de Jaume Moll y compró 2.500 tumbas en el problemático cementerio privado Bon Sosec de Mallorca, cuya financiación impulsó Sa Nostra y los antiguos responsables del banco de la familia March.
Sobre Royaltur los auditores de Price Waterhouse mantienen salvedades por falta de información financiera auditada y hay en marcha una investigación fiscal del ministerio de Hacienda, desde 1991. Además los antiguos responsables de Alcázar adeudan pagos a la sociedad, por valor de 50 millones de pesetas.
