El Gobierno afirma que ha pedido la repatriación de todos los etarras que hay en el extranjero
"El Gobierno ha pedido la devolución de todos, [los etarras] que hay en el mundo y lo que no conviene es abrir polémicas", declaró el vicepresidente primero, Francisco Álvarez Cascos, quien añadió que "no hay diferencias sobre quién conviene que venga y cuándo conviene que venga". Interior recordó que el Ejecutivo solicitó la entrega de los cinco etarras residentes en la República Dominicana, pero que ésta decidió expulsar sólo a tres. Uno de los dos etarras que permanecen en Santo Domingo es Belén González Peñalva, cuya extradición cursará el juez Javier Gómez de Liaño.
"Todo aquel que tenga cuentas pendientes con la justicia, está reclamado por la vía de acuerdos internacionales y de extradiciones para que depure sus responsabilidades ante el triburnal que le corresponda, sin hacer análisis o diferencias sobre quién conviene que venga y cuando conviene que venga", declaró Álvarez Cascos a Europa Press.El Ministerio del Interior recordó ayer que el Gobierno español solicitó al dominicano la entrega de los cinco etarras residentes en ese país caribeño, pero que éste únicamente concedió la entrega de Eugenio Etxebeste, Antxón; Ignacio Arakama Mendia, Makario, y José María Gantxegi, Peio, denegando las de Belén González y Angel Iturbe Abasolo.
El procurador general de la República Dominicana, Abel Rodríguez del Orbe, aseguró el pasado miércoles que su Gobierno procederá a la "repatriación" de González e Iturbe en cuanto lo pida España. Sin embargo, fuentes de Interior creen "difícil" que esto sea así, ya que el presidente Leonel Fernández acordó personalmente con José María Aznar que sólo entregaría a Antxon, Makario y Peio.
La etarra residente en la República Dominicana fue ayer procesada por el juez Javier Gómez de Liaño por el atentado con coche bomba cometido en 1985 en la plaza de la República Argentina de Madrid. El juez también acordó el procesamiento del resto de los miembros del comando Madrid, que estaba integrado entonces por el hoy arrepentido Juan Manuel Soares Gamboa, José Ignacio de Juana Chaos, Esteban Esteban Nieto e Inés del Río Prada.
Para González Peñalva, el procesamiento supone el paso previo para que el magistrado solicite al Gobierno que demande a Santo Domingo su extradición. Ésta se uniría a las ya cursadas por su participación en el atentado contra la central de Telefónica de la calle de Ríos Rosas de Madrid, en 1982; el secuestro del financiero Diego Prado y Colón de Carvajal en 1983, y el asesinato del vicealmirante Fausto Escrigas.
Asesinato
El magistrado decreta en su auto de procesamiento prisión incondicional para Belén González Peñalva y, para que tenga efecto, ordena su busca y captura internacional, "aunque es notoria su estancia en Santo Domingo". Los delitos que imputa a este comando Madrid son falsificación de matrículas, detención ilegal, robo con intimidación, asesinato y estragos.Los hechos a los que se refieren estos delitos ocurrieron el 9 de septiembre de 1985 cuando los etarras colocaron un Peugeot 505, que había sido robado un año antes en San Sebastián, cargado con 12 kilos de goma 2, junto a la plaza de la República Argentina en Madrid. Soares Gamboa y De Juana Chaos se encontraban en un taxi, robado unas horas antes tras meter en el maletero al conductor, e hicieron estallar a distancia el artefacto al paso de un autobús de la Guardia Civil. La explosión mató al norteamericano Eugene Keneth Brown, que en ese momento hacía footing en las inmediaciones, e hirió a 14 guardias civiles y a dos ciudadanos más.
La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) expresó su deseo de que el Gobierno extienda la demanda de extradición a todos los miembros de ETA deportados en Latinoamérica y África, al considerar que están reclamados por la justicia y que "lo lógico sería que fuesen juzgados en España".
El diputado Ignacio Gil Lázaro, portavoz del PP en la comisión de Justicia e Interior, apoya la decisión tomada por el juez Gómez de Liaño de pedir la extradición de la etarra Belén González Peñalva a las autoridades de la República Dominicana y la califica de "absolutamente coherente". Gil Lázaro añadió que el Gobierno ya había anunciado que "pondría en marcha todos los mecanismos a su alcance para que pudieran producirse el conjunto de las deportaciones".
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