San Sebastián reabre una gravera ilegal para que cumpla sus pedidos

El alcalde accidental de San Sebastián de los Reyes (58.000 habitantes), José Luis Gómez del Castillo (IU), levantó una sanción a una gravera ilegal cerrada por orden municipal para que el propietario de la explotación pudiera realizar nuevas extracciones y "concluir unos pedidos ya comprometidos". Esta actuación, que ha sido denunciada por el PSOE de la localidad, supone, en palabras de su portavoz, Ángel Escribano, "un grave hecho que sólo puede ser catalogado como prevaricación"

La explotación está situada en unos terrenos cercanos al cauce del río Jarama, entre los caminos de El Campo y Panaderos, y tiene un volumen cercano a los 30.000 metros cúbicos.

Esta actividad fue expedientada el pasado mes de mayo por degradar el entorno de vegetación del río Jarama y algunos arroyos de la localidad, y, en una resolución del 2 de julio, el regidor del municipio, Angel Requena (IU), firmó la "suspensión inmediata de la actividad de extracción de áridos en la finca situada junto al camino del Campo", apoyado en un informe municipal que mantenía que "la extracción indiscriminada y sin control, reiterada desde hace años por el infractor, ocasiona daños irreversibles y altera el medio ambiente de los cauces del río y los arroyos, así como destruye vegetación".

Pedidos comprometidos

Pese a ello, José Luis Gómez del Castillo, alcalde accidental por ausencia de Requena, firmó una nota manuscrita en la que levantaba la suspensión de la actividad al infractor. En la nota reconoce estar en conocimiento de la sanción, pero afirma que ha decidido atender la solicitud del propietario del negocio, que le pide la "suspensión de la comentada decisión [el cierre de la gravera] para poder atender una serie de pedidos que ya tiene comprometidos.Ésta es la única justificación que desde el gobierno municipal se ha dado a la decisión de Gómez del Castillo, que es considerada en el propio expediente como "un periodo de gracia". Pese a ello, la Policía Municipal acudió a la gravera para cerciorarse de que se cumplía su cierre, pero los propietarios exhibieron la nota del alcalde accidental, por lo que los agentes hubieron de limitarse a elevar el informe afirmando que no podían proceder al precinto por la existencia de ese documento.

Ángel Escribano (PSOE) considera la decisión como "un precedente peligroso que desautoriza todas las acciones llevadas a cabo por los funcionarios y que raya en la prevaricación". El portavoz socialista mantiene que "es obvio que el alcalde accidental ha cometido una ilegalidad sabiendo además que lo hacía, ya que estas sanciones sólo se pueden levantar si el expediente ha resultado favorable al supuesto infractor, y en ningún caso se puede suspender el castigo a una infracción que ya ha sido sancionada y demostrada".