Los juristas rechazan el intento del Gobierno de bajar a 16 años la edad penal para los terroristas

Tres vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), además de varios magistrados, fiscales, catedráticos de Derecho Penal y Constitucional y otros, juristas, coinciden en considerar inconstitucional la exclusión de los terroristas de la regla general de la mayoría de edad penal a los 18 años establecida en el vigente Código Penal. Expertos que han colaborado en la elaboración del anteproyecto de Ley Orgánica Reguladora de la Justicia de Menores revelaron ayer que el Gobierno introdujo a última hora "el estrambote" de la exclusión de los autores de acciones terroristas para que sean responsables penales a los 16 años mientras que los demás jóvenes delincuentes no lo serán hasta que tengan 18.

Clemente Auger, el presidente de la Audiencia Nacional, declaró ayer en San Lorenzo de El Escorial (Madrid), durante la apertura del curso de la Universidad Complutense sobre El sistema judicial español: un compromiso con el inmediato futuro, que rebajar la edad penal de los 18 a los 16 años para los delitos relacionados con el terrorismo "no sería una buena medida". Estimó que "no debe haber excepciones en cuanto a la edad penal para ningún delito".José Antonio Alonso, director del mismo curso y portavoz de Jueces para la Democracia, explicó que "tal excepción a una ley universal vulnera el principio constitucional de igualdad proyectado en el sistema penal". Recordó que "el Gobierno está obligado a no rebajar las libertades" y señaló que "no es justificable que se establezcan excepciones para determinados tipos de delitos".

Desde el Consejo General del Poder Judicial, el órgano que elaborará en septiembre un informe sobre el anteproyecto de ley de Justicia de Menores, las críticas fueron coincidentes, Javier Moscoso, ex ministro socialista y ex fiscal general del Estado, fue tajante con la pretendida excepción, que atribuyó a una mano "ajurídica": "Es rigurosamente inconstitucional. Las causas de imputabilidad no pueden hacerse depender de la edad".

Una sola edad para ser mayor

El magistrado Jacobo López Barjá de Quiroga, también vocal del CGPJ y miembro de su comisión de informes, explicó que "lo que hay que tener claro cuando se hace una legislación para menores y otra: para mayores es que si se opta por una determinada edad, en la que se empieza a ser mayor, esa edad no lo puede ser para unos delitos, pero no para otros, sino sean cuales sean los delitos que se cometan".El también vocal Emilio Olabarría, ex diputado del PNV, se expresó así: "Estoy muy preocupado por una disposición que vulnera el principio de igualdad de forma sangrante y aberrante. No puedo anticipar lo que dirá el CGPJ, pero ningún jurista podrá convalidar una norma contraria al principio de igualdad y no discriminación y de universalidad de la ley. Yo creo que no se ha introducido en serio, sino para ver si cuela. Los expertos penalistas rechazarán esa disposición, pero también las personas con sentido común"

Uno de esos expertos es el catedrático de Derecho Penal Francisco Muñoz-Conde, para quien la medida es "un disparate". Lo explica así: "Cualquiera que sea el delito, hay que mantener la coherencia con el régimen especial para todos los menores de 18 años. Hacer una excepción a ese derecho penal específico en función de una coyuntura política, aunque sea tan grave como el terrorismo, me parece una traición al espíritu de la ley, que lesionaría el principio constitucional de igualdad".

Otro catedrático, en este caso de Derecho Constitucional, dirigente de Nueva Izquierda y ponente del Código Penal, Diego López Garrido, considera la medida "una barbaridad absoluta tanto desde el punto de vista político como jurídico". Señala que "los delitos de los jóvenes de Jarrai son típicos de gente marginal, que necesita un tratamiento de reinserción propio de una justicia de menores". Jurídicamente, López Garrido califica el pretendido texto legal como "la inconstitucionalidad más clara que se puede pensar, ya que cambia la penalización en con tra del principio de igualdad y contradice la propia lógica".

Ante la avalancha de críticas, este periódico indagó en la elaboración del anteproyecto de ley de Justicia de Menores en la que han participado expertos como el catedrático de Derecho Penal y director del Instituto de Criminología, Antonio García Pablos; el catedrático de Psicología y criminólogo Vicente Garrido Genovés y el fiscal de menores Félix Pantoja. Este último aseguró que la rebaja de la mayoría de edad penal para los terroristas es "una incongruencia de última hora, introducida por el Gobierno, que no es constitucional: un estrambote".

Incongruencia

Pantoja puso de manifiesto que, de convertirse en ley la propuesta, el joven de 17 años que mate a decenas de niños o ancianas no será responsable penal y no podrá ser privado de libertad más de cinco años en un centro cerrado para menores con tratamiento socioeducativo, mientras que si, con esa misma edad, un miembro de ETA incendia una cabina de teléfonos puede ser condenado a 20 años de cárcel, que deberá cumplir en un centro penitenciario de adultos.En cambio, el magistrado José Luis Requero, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, mayoritaria y conservadora, estimó que "no es igual que un joven cometa asesinatos a que esté inserto en una organización terrorista, lo cual supone una quiebra profunda de su conducta". Consideró que la rebaja de la edad penal a los terroristas "es una decisión de política criminal, explicable por hechos como los de los jóvenes de Jarrai". En todo caso, señaló: "Otra cosa es si esa excepción es la solución para el problema".