Garzón investiga si Liaño envió faxes a Campmany, Cacho y García Trevijano

El juez Baltasar Garzón ordenó ayer que se investigue si Javier Gómez de Liaño remitió faxes desde su juzgado a Jaime Campmany, denunciante de Sogecable y director de Época; al querellante Jesús Cacho, columnista de la citada revista y del diario El Mundo; al abogado Antonio García Trevijano, y a la revista mencionada. Ello forma parte de la prueba propuesta por Juan Luis Cebrián para demostrar que Gómez de Liaño tiene interés indirecto en las diligencias sobre Sogecable.Los abogados de Cebrián habían propuesto también que se investigase si desde el fax del juzgado se habían realizado envíos al hijo de Campmany, al director de El Mundo, Pedro J. Ramírez; a varios redactores de ese periódico, a la periodista de Época Carmen Ramírez de Ganuza y al despacho de abogados "Asesores en Derecho", del que forman parte dos hermanos del magistrado. Sin embargo, Garzón ha considerado que no procede extender la investigación a esas personas, salvo que se justifique las razones de la petición. En el auto, Garzón reclama a Telefónica el listado de los faxes que eventualmente pudieron enviarse entre el 24 de febrero de este año (fecha en la que se iniciaron las actuaciones sobre Sogecable) y el 8 de julio pasado (fecha en que se presentó la recusación contra Gómez de Liaño). Además, el juez expresamente indica a Telefónica que cuando le remita el listado -antes del 9 de septiembre- cuide de que los números de fax de Campmany, Cacho, García Trevijano o Época "queden debidamente protegidos en interés de los propios titulares y sin conocimiento incluso de este Juzgado"

Gómez de Liaño, nada más tener conocimiento de que Cebrián había propuesto que se investigase el envío de faxes a Época y El Mundo, propuso que "se interese que también se especifiquen" aquellos que hayan podido librarse a EL PAÍS, la COPE, la SER, RTVE y otros medios de comunicación. Gómez de Liaño ha hecho caso omiso a la resolución de Garzón en la que le informaba de que no puede proponer prueba porque no está previsto en la ley y porque es el recusante el que tiene que demostrar que el juez recusado no es imparcial y no al revés.

Gómez de Liaño, lejos de aceptar la reprimenda de Garzón -instructor del incidente- para que no haga consideraciones improcedentes en la recusación, remitió ayer un nuevo escrito en el que señala, que "el incidente ha empezado a precipitarse por la pendiente de un auténtico juicio de acusación" contra él. "Esta vertiente del procedimiento de recusación (...) sin duda que está produciendo incómodas perturbaciones, aunque para algunos sean relajantes esperas".

El juez recusado admite -como ya le dijo Garzón- que no es parte en el sentido estrictamente procesal en su recusación, y aunque el instructor también le dijo que no cabía ninguna otra formulación por su parte que el informe que ya le solicitó en su día, Gómez insiste: "Es mi deber (...) oponerme a un incidente al que en mi primer informe puse el nombre de indebido y ahora el apellido de opresivo, minimizar la preocupación y hasta ansiedad que acompañan a muy graves acusaciones o procurar reducir las posibilidades de que un largo retraso en la resolución del incidente pueda, perjudicar a todo un proceso de investigación".

Liaño no parece recordar que en ese proceso que ahora teme que se dilate, él empleó 74 días para remitir un informe para el que la Sala le había dado un plazo de seis.