El Gobierno propone penas de cárcel para quienes asistan a manifestaciones ilícitas

El Gobierno pretende que se castigue con penas de "uno a dos años de prisión" a los asistentes a manifestaciones o concentraciones ilícitas, así como a los que vayan a ellas enmascarados, disfrazados o con la cara pintada. Ésta es una las propuestas contenidas en el plan de medidas legales contra el terrorismo que el ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, ha dado a los portavoces de los partidos democráticos con los que ayer finalizó su ronda de contactos. El aspecto en el que hay más acuerdo es la potenciación de juicios rápidos en la Audiencia Nacional para los grupos callejeros violentos. Pero IU, el Bloque Nacionalista Galego y el Partido Aragonés han mostrado claras reticencias a otras medidas y quieren estudiarlas con calma.

El borrador del Gobierno, bajo el título de Notas sobre violencia callejera y posibles medidas para abordarla, contiene nueve folios en los que se establece como punto de partida que este problema hay que abordarlo sobre tres pilares: "un cambio de actitud" por parte de la sociedad y las instituciones democráticas; "articulación de los instrumentos de protección" y "posibles modificaciones del Código Penal".El aspecto más problemático es el de las reforma del Código, que el propio texto del Gobierno estima que debe hacerse "con extraordinaria prudencia", ya que "es un texto nuevo de consecuencia últimas aún desconocidas, aunque previsibles". Esta iniciativa suscita claros recelos en varios partidos, entre ellos Izquierda Unida, cuya portavoz Rosa Aguilar considera que "no se puede declarar el estado de excepción en el País Vasco por vía del Código Penal".

Tras señalar que es "ineludible la intervención policial" y que la captura de los comandos. Y exige un reforzamiento de los sistemas de información", el proyecto que encabeza el ministro del Interior desarrolla las posibles modificaciones legislativas.

Juicios rápidos. Supondría prescindir de la fase inicial de instrucción para ir directamente al juicio oral, aunque hay casos en que eso será imposible porque se inicien por una querella o una denuncia, bien porque haya daños personales que impidan continuar el procedimiento o porque "no están determinados los autores". No obstante, el problema fundamental "no deriva tanto de dificultades legales en sentido estricto, como de una necesaria dotación de medios" materiales y personales a la Audiencia Nacional y a la fiscalía.

Incendios y estragos. El Gobierno considera que el entorno de ETA utiliza los desórdenes públicos para "crear un clima de violencia e inseguridad en las calles". Se prevé una nueva redacción del artículo 346 del Código Penal relativo a los que, sin pertener a banda armada, causen destrozos en la vía pública, en edificios o en medios de transporte. Hasta ahora sólo se penaban estas conductas si entrañaban un peligro para la vida o la integridad de las personas. Si se aprobara la reforma, se establecerían penas de 10 a 20 años de cárcel para los autores de estragos.

Contramanifestaciones. El proyecto pretende tipicar este nuevo delito creando un artículo 521 bis con la siguiente redacción: "Quienes impidieren, obstaculizaren, perturbaren o limitaren el legítimo ejercicio de la libertad de reunión o manifestación de otros, aún con el pretexto de ejercer las mismas libertades, cuando este ejercicio no reuniere los requisitos establecidos en las leyes e implique cualquier forma de apoyo a bandas armadas o elementos terroristas, incurrirán en las penas de arresto de 10 a 24 fines de semana o multa de cuatro a 10 meses, sin perjuicio de las pena que pudiera corresponder cuando los hechos fueran además constitutivos de otro delito".

Manifestaciones y enmascarados. El plan del Gobierno pretende ampliar y concretar, a través de los artículos 153 y 514 del Código Penal, determinados aspectos de las manifestaciones ilícitas. Se castigaría con hasta dos años de cárcel a los que acudan a estos actos enmascarados, disfrazados o con la cara pintada para dificultar su identificación. "Los que convocaren, celebraren o intenten celebrar de nuevo una reunión o manifestación suspendida o prohibida por la autoridad competente incurrirán en las penas previstas en el artículo 556, en su mitad superior". Además, a los que realicen actos de violencia, resistencia, amenaza o intimidación en estas concentraciones se les aplicará la pena que corresponda al delito cometido en su mitad superior.

A los promotores o directores de estas manifestaciones ilegales, que no hayan tratado de impedirlas, se les castigará con multas de uno a tres años y multa de 12 a 24 meses. Si la prohibición del acto ha sido ratificada judicialmente, los promotores de las manifestaciones también podrán ser penados con la inhabilitación absoluta y especial para el ejercicio del derecho de reunión o manifestación de uno a tres años.

Amenazas y apología. El Gobierno ha ideado "reconducir" el delito de apología del terrorismo a través del delito de amenazas, previsto en el artículo 577 del Código Penal. Se trataría de ampliar lo dispuesto en los artículos 18 y 169 y siguientes.

El ministro del Interior, Jaime Mayor, concluyó ayer con los representantes del Bloque Nacionalista Galego, Unión del Pueblo Navarro y Partido Aragonés la ronda de contactos con los partidos para exponerles este plan contra el denominado "terrorismo de baja intensidad".

Mayor aseguró que no ha habido "ningún problema ni conflicto" con los partidos para abordar estas medidas. Los diputados consultados no ocultan que hay claras divergencias de matiz. Además, solicitan más tiempo para estudiar "con calma" las reformas y que éstas sean consensuadas en el Pacto de Madrid antes de ser aprobadas.

Rosa Aguilar, de IU, tras expresar su oposición a que se recorten los derechos de reunión, manifestación y expresión, mostró sus reticencias a que la penalización de los enmascarados suponga, por ejemplo, que se considere ilícita la manifestación de unos ecologistas y hasta unos hinchas deportivos que se pintan la cara para celebrar el triunfo de su equipo. El BNG, sólo apoyará las iniciativas que no vulneren "los principios básicos del Estado de derecho".