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Tribuna:

Pelillos a la mar

Gabriel Cañellas, ex presidente de la comunidad autónoma y del PP de Baleares, ha salido judicialmente bien librado del caso Sóller, otro ejemplo de los métodos de financiación ilegal utilizados por los partidos -los populares esta vez- para completar sus nada desdeñables ingresos presupuestarios. La investigación policial y sumarial había demostrado de manera fehaciente que el concesionario de las obras del túnel de Sóller había entregado de forma encubierta cuando menos 50 millones de pesetas a Cañellas -presidente por entonces del Gobierno regional- para financiar al PP y a una fundación a su servicio. Aunque el Tribunal Superior de Baleares descarte el delito de prevaricación y considere prescrito el delito de cohecho, la sentencia absolutoria de Cañellas -recurrida ante el Supremo por la Fiscalía Anticorrupción- describe la operación como un supuesto fáctico de cohecho.No es la primera vez que las dificultades probatorias, los plazos de prescripción, la conculcación de las garantías constitucionales o la borrosa configuración de los tipos penales salvan a los administradores de los partidos de ser sancionados por delitos de prevaricación o de cohecho cometidos para financiar clandestinamente a sus organizaciones. Así, la absolución de los dirigentes populares (entre otros su antiguo tesorero nacional) implicados en el caso Naseiro, una red valenciana de comisiones ilegales del PP aflorada en 1990, fue una afortunada carambola producida por la nulidad como prueba de unas escuchas telefónicas. Hace pocas semanas, un juez de Barcelona ordenó el archivo del caso Casinos, que investiga pagos ocultos hechos a Convergéncia Democrática de Catalunya (CDC) mediante facturas falsas, por entender que el nuevo Código Penal no incluye (cabría preguntarse si a causa de la malicia o de la incompetencia de sus redactores) el delito de financiación ilegal de los partidos; sin embargo, las actuaciones sumariales permiten deducir racionalmente -señala el instructor- un desvío de fondos multimillonario desde la empresa explotadora de un casino hasta la caja de CDC. Finalmente, la drástica reducción de la lista de imputados para responder el próximo septiembre ante el Supremo del caso Filesa, una trama ilegal creada para flnanciar al PSOE, confirma esa peligrosa tendencia a la impunidad de los partidos frente a los tribunales.

El ejemplo de Cañellas servirá para confirmar en sus trece a esos líderes partidistas que niegan las evidencias ante las denuncias sobre la financiación ilegal de sus organizaciones, tal y como está haciendo ahora el PP con el caso Zamora y con los pagos de Javier de la Rosa a los populares de Cataluña (explicados por su cobrador en plaza mediante la conmovedora teoría del platillo). La judicialización de la vida pública no sólo aplaza durante años el desenlace procesal de cualquier escándalo (casi un lustro tardó Juan Guerra en ser condenado) y enfría las responsabilidades políticas conexas (Alfonso Guerra se llamó andana tras las sentencias por prevaricación y fraude fiscal dictadas contra su hermano y asistente): además, el veredicto final siempre puede regalar la alegre sorpresa de un sobreseimiento, una prescripción o una absolución.

Lanzados por la senda de la picaresca, el ventajismo y el descaro, algunos dirigentes no se conforman con conculcar, primero, las leyes de financiación de los partidos y de sus campañas electorales y con obstruir, después, la acción de la justicia; pese a que la sentencia del Tribunal Superior de Baleares -recurrida ante el Supremo- deje clara la existencia de un supuesto de cohecho en el caso Sóller, Cahellas exige ahora su rehabilitación política. La pesada broma de trivializar -pelillos a la mar- esos delitos de corrupción como si fuesen travesuras veniales sólo desaparecerá cuando el Gobierno proponga y el Parlamento apruebe una reforma de] Código Penal para castigar severamente la financiación ilegal. de los partidos.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 30 de julio de 1997