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UGT y CC OO anuncian movilizaciones en otoño si el Gobierno mantiene "Ia agresión contra lo público"

UGT y CC OO lanzaron ayer dos "advertencias" al Gobierno de José María Aznar. En primer lugar, anunciaron para el próximo otoño una respuesta sindical si se mantiene "la agresión contra lo público". En segundo, exigieron "conocer las líneas generales del Presupuesto del Estado para 1998 antes de que finalice este mes".Los secretarios generales de UGT y CC OO, Cándido Méndez y Antonio Gutiérrez, respectivamente, presentaron ayer la propuesta sindical para la reforma del sector público, en la que insistieron en que los Presupuestos para 1998 deben ser "selectivamente expansivos" para impulsar la inversión y resolver los problemas de los empleados públicos.

Cándido Méndez calificó de "cínica e insuficiente" la oferta del Gobierno de mantener el poder adquisitivo de los funcionarios e insistió en un incremento salarial para los funcionarios en 1998 por encima del IPC, ya que durante los últimos años han venido perdiendo poder de compra de manera constante.

El secretario general de UGT aseguró que el Gobierno sería "muy torpe" si no aprovecha las condiciones económicas favorables para favorecer el empleo. El ministro de Administraciones Públicas, Mariano Rajoy, afirmó ayer en El Escorial que, pese a las demandas sindicales, el Gobierno mantiene que lo único seguro es el incremento en sanidad y educación, y que el aumento de las retribuciones para los funcionarios será "en principio alrededor del IPC".

Antonio Gutiérrez, por su parte, acusó al Gobierno de estar "traficando con ideas falsas", al afirmar que las privatizaciones representan la conveniencia de intereses particulares y que supondrán un ahorro de gastos. Según el secretario general de CCOO, esta política encarecerá el precio de algunos servicios para la mayoría de los ciudadanos, caso de las telecomunicaciones y la energía.

Los sindicatos denunciaron el actual deterioro de los servicios públicos y criticaron que en la privatización de algunas empresas, como Repsol y Telefónica, haya primado la gestión política frente a la económica, lo que contradice la introducción de profesionalidad prometida por el Partido Popular.

UGT y CC OO consideran que el Gobierno pretende "destruir" una cuarta parte del empleo en las empresas públicas para facilitar la privatización y manifestaron que España se encamina hacia un modelo de Estado "mínimo, más insolidario y crispado".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 17 de julio de 1997