Procesados dos abogados por intentar sobornar a agentes de Barajas para introducir droga
Una juez de Madrid ha impuesto la fianza total de 52 millones de pesetas a dos abogados de Madrid presuntamente implicados en una operación ideada para sobornar a guardias civiles del aeropuerto de Barajas con el fin de que hicieran la vista gorda en la aduana portuaria al paso de maletas cargadas con cocaína procedente de Colombia. La infiltración en la red de varios guardias civiles, que se hicieron pasar por agentes corruptos, permitió la detención de ambos abogados y de otras cinco personas. Los abogados de los detenidos consideran que los guardias indujeron los delitos.
Los siete detenidos han sido ya procesados por el Juzgado de Instrucción número 12 de Madrid, que ha impuesto a todos el pago de fuertes fianzas (la mayor, de 100 millones de pesetas, para el cerebro de la banda, José D. T.) como único medio para eludir la prisión, según fuentes de las pesquisas. La juez ha remitido el auto de procesamiento al Colegio de Abogados de Madrid para que tome medidas contra los dos letrados implicados, identificados como Luis A. C, Alfredo C. S. Los otros procesados son Manuel P. R., Angel D. T., Roque P. Y y María M. M.La operación se gestó en noviembre de 1995, según el relato de hechos que figura en el auto de procesamiento. Luis A. C., de 30 años, abogado de un despacho situado en la calle de Zurbano, contactó con un viejo amigo suyo sargento de la Guardia Civil y le preguntó si conocía a algún compañero de Barajas que, a cambio de mucho dinero, pudiera facilitar el paso por la aduana de una maleta con piedras preciosas.
El agente le dijo que intentaría localizar a alguien. Sin embargo, contó la propuesta recibida a sus jefes, y éstos designaron a un cabo de la Guardia Civil para que se infiltrase e investigase los hechos.
El abogado telefoneó días después del primer encuentro a su amigo guardia civil para ver si había localizado a alguien. Éste habló de un colega y concertaron una reunión en el hotel Miguel Ángel el 15 de noviembre de 1995. A esa reunión acudió el también abogado Alfredo C. S., director del despacho de la calle de Zurbano, y los dos guardias civiles: el amigo y el cabo, que se presentó con el seudónimo de Leonardo. Alfredo C. S. comentó a Leonardo que un cliente suyo "podría pagar un millón de pesetas" por cada kilo de cocaína que pasara por la aduana, que podrían repartirse Leonardo y el contacto de la aduana. Posteriormente concertaron nuevas entrevistas.
A una de ellas, celebrada el 24 de enero de 1996, asistieron, por fin, el contacto de Barajas (otro guardia civil infiltrado, el sargento Pedro) y el cliente del que había hablado el abogado. Se trata de José D.T., quien inquirió en la reunión al sargento sobre cómo "podía eludir los controles de Barajas". Éste le tranquilizó y le dijo que los sistemas podían fallar y que existían productos químicos para neutralizar el olfato de los perros.
El sargento, a su vez, le preguntó al cerebro de la red acerca de lo que "pensaba hacer para eludir los controles del aeropuerto de salida". José D.T. , "aparentando un gran conocimiento del tema, le contestó que no constituía ningún problema". "Allí, los agentes se pueden sobornar fácilmente", le dijo. También comentó que había tenido un contacto en Barajas al que había hecho rico, y le propuso la llegada de una maleta con droga todas las semanas.
Reuniones
Tras varias reuniones más, se fijó la fecha de llegada de la primera maleta, el 8 de junio de 1996, a las ocho de la mañana, en un avión procedente de Colombia. La traería un tal Manuel P., y contendría 15 kilos de cocaína. Los guardias de Barajas, que conocían la operación, dejaron pasar la maleta, para pillar a todos con las manos en la masa. Así ocurrió. En las afueras del aeropuerto esperaba José D. T., subido en un coche en cuyo maletero había una decena de millones de pesetas. Dentro de la maleta no iban los 15 kilos pactados, sino 21 bolsas con cocaína pura, que pesaron casi 24 kilos. Su valor en el mercado negro, en dosis, alcanzaba los 262 millones. El juez de guardia autorizó registros en el despacho de los abogados e intervenciones telefónicas que permitieron detener al resto de los acusados.
El abogado Alfredo C. S. fue detenido en un hotel de Madrid, donde asistía a una conferencia. Había quedado allí con uno de los guardias infiltrados, para entregarle el dinero prometido: 1,7 millones de pesetas. Los abogados de los procesados sostienen que los delitos atribuidos a sus clientes fueron provocados. Que no se habrían consumado de no ser por la activa intervención de los infiltrados. La Audiencia de Madrid estudiará ahora si el delito fue o no provocado.
