El juez afirma que, la financiación de Casinos a Convergencia no es delito y archiva el caso

Hubo financiación de Convergència Democrática de Catalunya (CDC) con fondos desviados de Casinos de Cataluña, pero el juez Ramón Gomis, encargado del caso, considera que ese hecho no constituye delito alguno. La justificación de las salidas del dinero se realizó mediante facturas "mendaces", pero el juez rechaza que por- ello exista un delito de falsedad en documento mercantil. El magistrado tampoco aprecia apropiación indebida en la distracción de fondos de Casinos, porque no e ha acreditado el ánimo de lucro. Son las tres líneas básicas del auto de archivo de una causa iniciada en 1989 por una querella que denunció el desvío de 3.000 millones de la sociedad Casinos de Cataluña.

El denunciante del caso Casinos fue Jaime Sentís, ex director financiero de la sociedad, y la querella iba dirigida contral. Arturo Suqué, presidente de Casi: nos-Inverama. Sentís, que depués de llegar a un pacto intentó desistir de la acción, denunció el desvío de 3.000 millones de pesetas de Casinos, parte de los cuales fueron a parar a miembros del aparato financiero de CDC, el partido presidido por Jordi Pujol. La instrumentación del desvío se hizo por medio de facturas falsas giradas por Casinos por inserciones publicitarias o por la entrega de cheques en pago de campañas de promoción.

Pagar por una línea editorial

"Del resultado de lo actuado se deduce razonablemente tal. fin de financiación. Francesc Gordo [ex responsable financiero de CDC], que recibió gran parte de los cheques, ha ostentado diversos cargos públicos en la agrupación Convergència i Unió, al igual que otro de los receptores, Albert Serra Hugas, recibiendo éste incluso parte de los cheques en la sede del partido del paseo de, Gràcia, mientras que aquél [se refiere a Gordo] se encargaba de facilitarle las facturas", relata el auto de archivo. Pero ese hecho no es irregular a efectos penales. Añade: "La actividad de las empresas facturantes [entre ellas, los periódicos Avuí, El Correo Catalán (desaparecido), La Vanguardia y un grupo de emisoras] es la propia que requieren las formaciones políticas, bien sea directamente por publicidad o, de modo indirecto, mediante el mantenimiento de cierta línea editorial por parte del miedo". Es decir, que para el magistrado es normal que un partido político pague dinero a cambio del mantenimiento de una determinada línea editorial en los medios de comunicación. El juez razona que no hay delito en la financiación, y esgrime un auto del Tribunal Su premo, de 1995, sobre el caso Filesa: "En el derecho penal vigente no existe el delito de financiación ilegal o encubierta de partidos políticos". El auto matiza: "El juicio de moralidad o valoración política que merecen las aportaciones de fondos ( ... ) queda fuera de la competencia judicial".

En cuanto a los delitos concretos que sostenía la querella -apropiación, indebida y falsedad en documento mercantil-, el juez rechaza que se hayan cometido. Respecto al primero, el juez asegura que para ello se exige que el sujeto activo actúe movido por el ánimo de lucro, apropiándose de fondos que no le pertenecen, o que el administrador de una empresa ordene pagos excediéndose "en los límites de sus facultades". El juez entiende que ni una ni otra circunstancia se dieron por parte de Arturo Suqué.

El magistrado rechaza el cargo de falsedad en documento, aunque reconoce que parte de las facturas que justificaban las salidas de dinero de Casinos eran "mendaces". Razona el auto que, para que tal delito exista, "la falta de verdad tiene que afectar a un elemento esencial del documento, de modo que no toda falta de verdad implica la falsedad de documento". Añade, además, que se trata de un compromiso entre las partes -el que gira la factura y el que la paga-, y que esto sólo tendrá trascendencia en el ámbito penal si se produce estafa.

Las reacciones al archivo del caso fueron de satisfacción en la órbita de Convergéncia. Así lo expresó ayer, el secretario general, Pere Esteve. El presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, manifestó que "se ha archivado, y esto es lo que cuenta". Iniciativa per Catalunya, que en un principio ejerció la acusación particular activamente en el caso, destacó "que se ha confirmado clara y rotundamente la financiación de Casinos a CiU".

El caso Casinos es uno de los procesos económico- políticos de Cataluña que ha batido récords de dilación judicial con largos periodos de inactividad, lo cual llegó a exasperar a algunas de las partes.