La policía investigó la graduación y el número de agentes que, participaron en una protesta sindical

Durante el miércoles y el jueves pasados, la policía vigiló a la policía. Una orden, enviada por la dirección general a los jefes superiores y rebotada por éstos a sus comisarios, exigía "de forma inmediata" datos sobre el número y la graduación de los policías asistentes a las concentraciones convocadas por os sindicatos del cuerpo. El mando también requería los textos de las pancartas y "los gritos que se coreen". Agentes, sindicatos y partidos mostraron ayer su repulsa por la medida, y la compararon con la investigación realizada en mayo por la Guardia Civil sobre os profesores de la enseñanza pública.

"Ayer fueron los profesores, hoy somos los policías y mañana serán los carteros... Este Gobierno está dispuesto a ejercer su autoridad por encima incluso de los derechos constitucionales de cada trabajador". Así se expresó ayer uno de los comisarios de Madrid que, durante las dos jornadas de protesta, sufrió una curiosa experiencia: fue como manifestante a una concentración autorizada e inmediatamente después dió parte escrito a sus jefes.La orden, que se cursó telefónicamente para evitar filtraciones, fue plasmada en una circular oficial por el jefe superior de Madrid, Carlos Corrales Bueno, quien a continuación la envió por fax. a todas las unidades policiales de la región. El texto -cuyo contenido íntegro se reproduce en esta página- no ofrecía resquicio a la duda: "En cumplimiento por lo dispuesto por la Superioridad y en relación con las concentraciones (...), una vez finalizadas las mismas se deberá cumplimentar de forma inmediata un cuestionario específico: número de personas concentradas, escala, de pertenencia (si se conoce), pancartas exhibidas (textos), lemas y gritos que se coreen, incidentes habidos". "Dicha comunicación", finalizaba la orden, "deberá realizarse a los fax (...).

Ambos de la Subdirección General Operativa". Los afectados se quejan de que, en el caso de las comisarías pequeñas, facilitar la escala del manifestante -un inspector jefe, por ejemplo, o el propio comisario- es lo mismo que decir su nombre y apellidos.

El subdirector general operativo, Pedro Díaz Pintado, envió ayer a este periódico un escueto mensaje a través de su oficina de prensa: "La policía desconoce oficialmente ese escrito. Durante los días de la protesta, se realizó un seguimiento global y habitual". Tampoco el director general de la Policía, Juan Cotino, que presentó ayer en Valencia el plan de atención policial en verano, reconoció saber algo. Incluso en algún momento, desde la dirección, se intentó atribuir la responsabilidad exclusiva al jefe superior de Madrid, Carlos Corrales. Esto fue negado por las fuentes consultadas.

Los responsables de los tres principales sindicatos de la policía fueron ayer tajantes. José Manuel Sánchez Fornet, secretario general del Sindicato. Unificado de Policía, manifestó: "Se está produciendo una involución en la policía desde que llegó el PP. Se vuelve a la filosofía de que hacen falta pocos policías, pero que den muchos palos. La orden es escandalosa". Federico López Ferrer, vocal en el consejo de la Policía por la Unión Federal de Policía, atribuyó la responsabilidad al director general: "Debe cesar el espionaje sobre las actividades cívicas y legales. Los sindicatos policiales no cuentan con el beneplácito de los mandos policiales que proceden del franquismo". Y Cirilo Durán, presidente del Sindicato Profesional de la Policía (escala ejecutiva y superior), resumió: "Cada día se recortan más nuestros derechos".