Un informe técnico de la Federación de Municipios y Provincias vapulea el proyecto de Ley del Suelo

Los técnicos de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) se han puesto a la cabeza de las críticas contra el proyecto de Ley del Suelo, aprobado por el Gobierno el pasado 23 de mayo. Un informe elaborado por siete especialistas en urbanismo municipal (tres del Partido Popular, dos del PSOE, uno de Izquierda Unida y otro de Coalición Canaria) se opone frontalmente a los aspectos básicos de este texto. Defiende, por ejemplo, que la cesión obligatoria de terreno a los ayuntamientos tenga un limite máximo del 15%, cuando el Gobierno quiere que este tope esté en el 10%. Este informe debe pasar ahora por el tamíz político de la comisión de urbanismo y del comité ejecutivo de la FEMP.

El debate sobre la reforma de la ley del Suelo va a ser duro. Y uno de sus protagonistas será la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), organización que agrupa a los principales afectados por la nueva legislación. De momento, su primera iniciativa, un análisis con propuestas de enmiendas elaboradas por un grupo de técnicos, es un auténtico varapalo contra el proyecto de ley del Suelo elaborado por el Ministerio de Fomento.El documento inicial, que consta de 19 páginas, propone enmiendas a casi la mitad del articulado del proyecto de ley. La principal diferencia entre ambos textos radica en la cantidad de terreno que obligatoriamente deben ceder los promotores de una obra a los ayuntamientos en cuyo término se realiza la construcción.

El proyecto de ley del Gobierno establece que esa cesión obligatoria sea de un máximo de un 10%. Es decir, fija una horquilla del 0% al 10%. Es cada comunidad autonóma la que debe fijar, siguiendo la doctrina del Tribunal Constitucional, el límite concreto en su ámbito de actuación. Los técnicos de la FEMP, sin embargo, opinan que el tope máximo de cesión obligatoria de terreno debe ser el 15%, en línea con lo que sostienen la comunidades autonómas controladas por el PSOE (Andalucía, Castilla La Mancha y Extremadura).

Otra de las diferencias de fondo entre la opinión de Fomento y la de los técnicos de la FEMP consiste en quién tiene potestad para explotar el suelo urbanizable. Mientras el ministerio da prioridad al propietario de suelo, los especialistas de la federación de municipios opinan que habría que impulsar un agente urbanizador en cuya actividad pudiera intervenir, de una u otra forma, la Administración para evitar el vacío que se pudiera producir cuando la iniciativa privada "no alcance a cumplir los objetivos previstos".

Fuentes de la FEMP añaden que este modelo responde, básicamente, al que ya se aplica en la Comunidad Valenciana, controlada por el PP, y que el consejero de Obras Públicas, Luis Fernando Cartagena, está intentando exportar a otras autonomías.

El documento técnico, en el apartado otros acuerdos, también pone de manifiesto su escasa sintonía con el proyecto oficial. En su punto primero dice textualmente: "Mostrar el malestar ante algunas de las afirmaciones contenidas en la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley por la negativa impresión que trasladan de la labor realizada en materia de .urbanismo por parte de los ayuntamientos y la falta de reconocimiento al esfuerzo de los mismos".

Ese malestar de la federación se acentuó por unas declaraciones del ministro de Fomento, Rafael Arias Salgado, en las que señalaba que el proyecto de ley acabaría con la especulación de los ayuntamientos.

El grupo de técnicos de la FEMP que han elaborado el documento sobre la ley del Suelo está integrado por siete personas con sello político. Tres representan al PP: Paulino Martínez (por el ayuntamiento de Madrid), José Luis López (Soria) y Carlos García (Pontevedra). El PSOE tiene dos: Borja Carreras (Barcelona) y Ramón Menéndez (del ayuntamiento de la localidad asturiana de Corvera). Carlos Sánchez (Coslada, Madrid) representa a IU y Jesús Álvarez, de Telde, a Coalición Canaria. CiU y PNV no están en la federación.