PSOE tilda de inconstitucional la nueva ley de colegios profesionales

El Grupo Socialista de la Asamblea se opone frontalmente a la Ley de Colegios Profesionales de la Comunidad que el PP intentará aprobar en el próximo pleno de la Cámara. Para anularla, los socialistas pugnan por conseguir que sea declarada inconstitucional. Consideran que vulnera la norma fundamental en aspectos como la colegiación obligatoria de sanitarios y enseñantes vinculados a las administraciones públicas.

La Asamblea de Madrid convertirá el próximo jueves en ley el proyecto sobre colegios profesionales, aprobado esta semana en comisión con el rechazo del PSOE y de Izquierda Unida, que argumenta razones parecidas. La impugnación socialista, que persigue declarar inconstitucional el texto legal, será tramitada bien ante el Defensor del Pueblo o bien con el aval del grupo de diputados y senadores del Congreso, según anunció el portavoz socialista Javier Ledesma.La oposición a la ley tiene un evidente alcance político, habida cuenta de que el colectivo de profesionales de Madrid abarca a más de 200.000 miembros, colegiados mayoritariamente de forma obligatoria, modalidad reforzada en este texto. Algunos colegios profesionales cuentan con decenas de miles de titulados. Es el caso de los de abogados, médicos, ATS o los enseñantes. Además de regir ampliamente la deontología profesional, los colegios visan el ejercicio de las actividades propias de cada estamento -una especie de control de calidad de la profesión- con impacto sobre la organización de la vida ciudadana a escala de vivienda (arquitectos); seguridad vial, vehículos y electrodomésticos (ingenierías); salud (médicos, enfermeros, psicólogos y farmacéuticos); consumo y estadística (sociólogos); animales domésticos (veterinarios), entre otras muchas. Del mismo modo, los sistemas de visas (aparejadores y arquitectos) u otros cánones (notarías, propiedad inmobiliaria) son igualmente regidos por estas corporaciones de derecho público, que cuentan, por otra parte, con poderosos resortes del derecho privado en sus fueros, reglamentaciones y estatutos.

Javier Ledesma explica la oposición de su grupo: "Tenemos la convicción de que el texto propuesto va en contra de numerosas sentencias del Tribunal Constitucional, como en el caso de la colegiación obligatoria de enseñantes y sanitarios, médicos y enfermeros, que son al mismo tiempo funcionarios de administraciones públicas". A su juicio, al someter a estos profesionales a dos jurisdicciones, se abre un margen de inseguridad jurídica para ellos, amén de conflictos (le jurisdicción, deontológicos y de otros tipos. "La jurisprudencia del Tribunal Constitucional va contra la proliferación de colegios, mientras el proyecto va a favor", argumenta. Igualmente, el Grupo Socialista rechaza la ley porque "rompe con la estructura unitaria de las profesiones, al desvirtuar el papel de los consejos generales que regían la vida intercolegial y que en el proyecto quedan completamente devaluados", remacha Ledesma "Con este nuevo articulado, el expediente al letrado Jesús Santaella (abogado de Mario Conde y del coronel Perote, sobre una supuesta coacción al Gobierno) no hubiera sido nunca viable", precisa.

Asimismo, considera que la ley "blinda a las juntas directivas de cada colegio profesional frente a cualquier tipo de control por sus bases profesionales, ya que impide el recurso a un órgano superior. Es un texto endogámico, que no favorece la democracia colegial interna", sentencia Ledesma.

Adolfo de Luxán Meléndez, representante de Izquierda Unida, se opuso también al proyecto de ley. "Los ponentes aseguran que lo han consensuado con los afectados", señalaba "pero los afectados no son los colegios, sino los ciudadanos".