Carlos Marsa, principal accionista del club de baloncesto Granada

El Ayuntamiento de Granada, a instancias del grupo municipal de Izquierda Unida, obtuvo ayer garantías de que la operación urbanística cuyos beneficios garantizan la permanencia del Granada en la Liga ACB revertirán en el deporte provincial. De este modo se salvó el escollo que ponía en peligro la continuidad del club. Una reunión entre los concejales de IU y el empresario Carlos Marsá, que va adquirir por 90 millones el 51,4% de las acciones del club, fue suficiente para que desaparecieron las sospechas de que detrás de lo que parecía un esfuerzo filantrópico se ocultaba una operación especulativa alentada por varios promotores.El ayuntamiento supeditó en su día cambiar las normas urbanísticas de dos parcelas propiedad de Carlos Marsá a que los beneficios revirtieran en el deporte. Para IU no había garantías suficiente de que fuera a suceder así. Según los cálculos de IU, los beneficios de construir en las parcelas unas 350 viviendas de protección oficial oscilarían entre los 1.000 y los 1.500 millones de pesetas, una cifra muy superior a la necesaria para solventar los problemas del equipo de baloncesto y del club de fútbol.

Marsá, que ya había firmado un precontrato con dos constructoras para edificar las 350 viviendas, rompió ayer el acuerdo y aceptó confiar la promoción a la empresa municipal del suelo y la vivienda. De este modo, las ganancias que genere la operación serán distribuidas con toda seguridad en el fomento del deporte.