El secretario municipal avala la defensa del Plan General en los tribunales
El informe del secretario general del Ayuntamiento de Madrid, Paulino Martín, sobre las correcciones hechas por la Comunidad al nuevo Plan General de Madrid -reducción de viviendas en Aravaca y Orcasitas, eliminación de nuevos barrios en El Pardo y la Mina del Cazador...- abre la puerta a una posible rebelión municipal contra la autoridad autonómica. En, las conclusiones del informe jurídico del secretario general se advierte que el pleno municipal podrá interpretar estas correcciones y atenderlas o no. En caso de rechazar las condiciones impuestas por la Administración regional, el Ayuntamiento podría recurrir "a la vía contencioso-administrativa si así se estimara conveniente", según indica Martín.Esta declaración firmada del secretario general del Ayuntamiento, que ayer fue entregada a todos los grupos municipales, deja el camino despejado al alcalde, José María Álvarez del Manzano, para discutir en los tribunales de justicia con su compañero de partido y presidente regional, Alberto Ruiz-Gallardón. El motivo del litigio serían las numerosas correcciones hechas por el equipo autonómico al modelo de ciudad dibujado por el equipo municipal.
Disciplina popular
El PP asegura que el alcalde no recurrirá los retoques de la Comunidad a su Plan General
En esta batalla, el Partido Popular ha ordenado disciplina. El presidente autonómico, el alcalde de Madrid y el presidente 1 del PP en Madrid, Pío García Escudero, hablaron hace una semana de este supuesto conflicto de competencias. Al final, el alcalde se comprometió con García Escudero y con Ruiz-Gallardón a no presentar un recurso ante los tribunales contra la actuación de la Comunidad de Madrid en la aprobación del Plan General, según indicaron ayer varios dirigentes del partido a EL PAÍS.De hecho, el propio Ignacio del Río, concejal de Urbanismo, indicó el martes que algunas de las condiciones impuestas por la Comunidad ya se habían empezado a cumplir. "Por ejemplo, vamos a firmar un convenio con la Comunidad de Madrid, tal y como nos dijeron, para desarrollar la Operación Chamartín", señaló.
El portavoz del grupo municipal de IU, Francisco Herrera, manifestó ayer a la salida del Tribunal Superior de Justicia -donde interpuso, junto el PSOE municipal y los sindicatos, un recurso contra los retoques que la Comunidad efectuó en el plan-: "El informe del secretario general, al que nosotros otorgamos la máxima solvencia jurídica, da la razón a la izquierda", y demuestra que el Ayuntamiento "deberá estudiar e interpretar cada una de las recomendaciones de la Comunidad".
Según Herrera, el Gobierno regional ha admitido cerca del 75% del Plan General y ha modificado el 25% restante. En ese porcentaje figuran los recortes de viviendas en Aravaca, El Pardo o el aplazamiento condicionado de la Operación Campamento a un acuerdo con el Ministerio de Defensa. Ahora, el pleno municipal deberá estudiar esos cambios para aprobarlos, abrir un periodo de alegaciones e información pública y enviar en seis meses el documento a la Comunidad para su visto bueno definitivo. "Esto supone un año de demora", explicó.
El concejal socialista José María de la Riva señaló que el secretario general deja la situación en manos del pleno y contempla la posibilidad de que el gobierno municipal recurra a los tribunales para defender su proyecto. Y añadió que es necesario convocar urgentemente un pleno extraordinario que analice las repercusiones del informe y estudie la conveniencia de aceptar las modificaciones de la Comunidad o recurrir a los tribunales.
Por último, los portavoces de los sindicatos, Francisco Naranjo (CC OO) y Ricardo Rodríguez (UGT), denunciaron que con el plan se expulsa del municipio a la industria madrileña, y pronosticaron la desaparición de 2.000 empresas y 45.000 puestos de trabajo dentro de la ciudad.
