La Comisión que estudia los grupos violentos quiere que sean juzgados en la Audiencia Nacional

El tratamiento legal de la violencia juvenil, y en especial lo relacionado con la violencia callejera en el País Vasco, ha logrado ya un amplio consenso entre las partes que integran la comisión que estudia el problema, según fuentes oficiales. Ésta ha consensuado que las algaradas de grupos violentos como Jarrai se enjuicien en la Audiencia Nacional, y ha acordado reformar el Código Penal para introducir el delito de estragos y que la futura Ley Penal Juvenil tenga en cuenta el tramo de edad de 16 a 18 años, dado que ETA emplea cada vez más a jóvenes en su estrategia callejera.

La comisión -encabezada por los ministros de Interior, Jaime Mayor Oreja, y de Justicia, Margarita Mariscal de Gante- también acordó el envío de una circular del fiscal general del Estado a los fiscales sobre la interpretación del artículo 577 del Código Penal para que los implicados en algaradas sean juzgados por la Audiencia Nacional; acordó asimismo medidas materiales, como compensaciones económicas a los agentes judiciales y secretarios de Justicia en el País Vasco.La comisión está formada por los ministros de Justicia e Interior, los consejeros vascos de ambas carteras, el Fiscal General del Estado, el presidente de la Audiencia Nacional, y el presidente y el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

La comisión ha mantenido ya dos reuniones: una en el mes de enero y otra en mayo. De la primera nació el encargo para que la ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, recopilara las propuestas de los asistentes, y en la segunda, la titular de ese departamento aportó las ideas expresadas por los distintos asistentes. Tras estos encuentros hay una serie de aspectos novedosos sobre los que los integrantes ya han llegado a acuerdos.

Entre estos puntos ya acordados figuran trabajar en modificaciones legales para que las algaradas de grupos organizados y de Jarrai se vean en la Audiencia Nacional, sin que esto signifique una modificación de sus competencias, sino una nueva interpretación del artículo 577, según Europa Press.

Medios jurídicos consideran que este incremento de asuntos en dicha instancia judicial no traería consigo un atasco de los casos que competen a la propia Audiencia, aunque probablemente obligaría a reformar en el Parlamento la Ley de Enjuiciamiento Criminal. De hecho, todos los casos relacionados con grupos Y ya se están viendo en la Audiencia Nacional, siempre que haya indicios de que los jóvenes actúen en connivencia con ETA.

Apuesta de Interior

Interior es uno de los más firmes defensores de que los jóvenes implicados en altercados sean juzgados por la Audiencia Nacional por considerar que esta instancia judicial es más severa que los jueces ordinarios del País Vasco.Otro punto de acuerdo es el de retocar el Código Penal para incluir el delito de estragos, que en el actual texto no figura como delito.

También se pactó tener en cuenta en la futura Ley Penal Juvenil el tramo de edad de los 16 a 18 años y el nuevo papel de los Jarrai. Esa norma es una ley eminentemente protectora y la mayoría de edad penal está en los 18 años. Pero como la estrategia de ETA es emplear cada vez a más menores, la edad penal se debe considerar para compaginar el ideal de la reeducación de los jóvenes y la actuación de estas bandas muy cercanas al terrorismo.

También se acordó que el fiscal general del Estado envíe una circular en la que se exponga a los fiscales que el artículo 577 del Código Penal se debe interpretar en la línea de que las algaradas son competencia de la Audiencia Nacional.

En cuanto al tiempo que debe tardar en finalizar este proceso, las fuentes consultadas apuntaron que las reformas legales a acometer deben ser consensuadas con los grupos políticos en Madrid, y que hasta entonces lógicamente no serían aprobadas de modo oficial.

No obstante, la circular del fiscal general ya se está aplicando y el nuevo uso de medios materiales también, como que los secretarios y agentes Judiciales del País Vasco puedan ser compensados económicamente por su situación de especial riesgo o peligro.

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