Cardenal rechaza la dimisión de los fiscales de la secretaría técnica

El fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, no ha aceptado las dimisiones del fiscal jefe de la secretaría técnica, Eduardo Torres-Dulce, y de los cinco integrantes de la misma que pusieron sus cargos a su disposición tras el ascenso a fiscal de sala de Eduardo Fungairiño y su nombramiento como fiscal jefe de la Audiencia Nacional. Cardenal ha ordenado convocar el Consejo Fiscal para el próximo martes a las 10.30 de la mañana.

Los fiscales de la secretaría técnica pusieron su cargo a disposición de Jesús Cardenal al haber sido marginados de la elaboración de la propuesta de ascenso y nombramiento de Eduardo Fungairiño, que ni siquiera fue redactada en la Fiscalía. La secretaría técnica la desempeña tradicionalmente un fiscal de sala de la confianza del fiscal general, y su actual titular, Eduardo Torres-Dulce, accedió a la misma a instancias de Juan Ortiz Úrculo.Según fuentes fiscales, tras el cese de Úrculo, Torres-Dulce puso su cargo a disposición de Cardenal como cuestión de cortesía y esperó la decisión de éste. Pero al ser relegados en la propuesta sobre Fungairiño, todos los fiscales de la secretaría técnica pusieron en bloque sus cargos a disposición de Cardenal en una clara acción de protesta.

Por otra parte, el fiscal general ha ordenado convocar para el próximo martes, a las 10,30 de la mañana, al Consejo Fiscal. Previamente, en una comunicación dirigida a sus integrantes, Cardenal les dijo que no consideraba urgente la convocatoria del pleno extraordinario que le habían solicitado y que lo convocaría cuando creyese conveniente.

Cardenal también decía a los nueve miembros electos del Consejo que no se sentía vinculado por el punto del orden del día que le habían planteado, relativo a la interpretación del artículo 13.2 del Estatuto Fiscal, que establece que los ascensos han de realizarse "conforme a los informes del Consejo Fiscal". Sin embargo, parece que finalmente la intepretación sobre este artículo será incluida en el orden del día.

Por otra parte, la fiscal María Dolores Márquez de Prado comparecerá el próximo viernes ante la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional para ratificar personalmente la recusación del magistrado Manuel Trenzado, al que atribuye no ser neutral para juzgar si su traslado forzoso de la Audiencia debe ser suspendido.

El incidente de recusación de Trenzado, planteado con posterioridad a la decisión de ejecutar el traslado de Márquez, deberá ser resuelto por la Sala de lo Contencioso, de la que no podrá formar parte el magistrado recusado. Márquez atribuye a Trenzado una resolución en la que se mencionaba de pasada que la fiscal se había pronunciado con la "vehemencia" y "parcialidad" propia de su condición de parte procesal, pero añadía que tal conducta no podía conturbar la independencia del tribunal.

La fiscal, que sigue en la Audiencia Nacional más de un mes después de que el Consejo de Ministros acordase su traslado, atribuyó la medida a la intervención directa del presidente del Gobierno, José María Aznar, quien la habría impuesto a la ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante.

Así, su traslado fuera de la Audiencia fue decidido, según la fiscal, "en el último segundo, por el único que tenía poder para hacerlo, contra el criterio jurídico de la autoridad que lo firma. La conciencia jurídica de esta autoridad ha introducido en la resolución este penúltimo párrafo en descargo de su conciencia moral".

En suma, para demostrar que su traslado no obedece a su actitud de "acritud hacia jueces y tribunales", Márquez arremete contra uno de los magistrados de la Sala de lo Contencioso, contra el que dirige la imputación de "no ser objetivamente neutral" para juzgar su caso y al que recusa porque puede "contaminar" a la Sala, al no haberse abstenido.