El Tribunal Superior declara nula una oposición municipal de 1994.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado por irregulares las pruebas orales del concurso-oposición convocado por el Ayuntamiento el 11 de marzo de 1993 -y celebrado un año después- para cubrir 19 plazas de personal de oficios-cometidos especiales (visitadores sanitarios y celadores de educación especial a disminuidos).Los magistrados argumentan en su sentencia, comunicada el mes pasado a las partes, que las notas dadas por el Tribunal Calificador (integrado por el concejal de Personal, entonces Antonio Moreno, del PP, y vocales designados por el Ayuntamiento) a los concursantes no son válidas dado que algunos miembros de ese Tribunal Calificador no estuvieron presentes durante la celebración de la prueba oral.

Al concurso-oposición para cubrir las 19 plazas del grupo E, con un sueldo que ronda las 130.000 pesetas mensuales, se presentaron más de 300 personas, según indicaron a este periódico algunos de los concursantes.

Tras la prueba oral, varios opositores suspendidos presentaron recurso por supuestas irregularidades en el proceso de selección e incluso se quejaron al Defensor del Pueblo, cuyas gestiones permitieron a los afectados conocer con precisión las notas que les había otorgado el Tribunal Calificador.

Los magistrados consideran probado que en las pruebas orales no estuvieron presentes varios miembros del Tribunal Calificador: "Es claro que el presidente y el secretario no pudieron estar presentes en la actuación de todos los aspirantes, sino a lo sumo en [el examen de aquellos] que lo hicieran ante una de las dos secciones [en que se dividió el tribunal], sin que su intervención pudiera sustituirse por la de sus suplentes, que sólo podrían actuar en caso de ausencia del titular".

El Ayuntamiento despedirá a las 19 personas que ganaron su plaza y repetirá el examen.

Aunque las bases de la convocatoria de aquel concurso (apartado sexto, punto tercero) exigían para la correcta constitución del tribunal calificador la presencia del presidente, el secretario y tres vocales, en aquellas pruebas se decidió dividir el tribunal en dos secciones para agilizar el proceso, con lo que no se cumplió el requisito legal.El secretario de aquel tribunal advirtió de esta anomalía el 14 de marzo de 1994, pero las pruebas siguieron adelante, "consumándose, en definitiva, una irregularidad que vicia de nulidad el proceso selectivo, no sólo por apartarse de la convocatoria, sino también, y sobre todo, por la propia naturaleza del examen oral, en el que es básica la impresión percibida por los miembros del tribunal acerca de la actuación del aspirante, impresión que, obviamente, sólo puede producirse a través de la inmediación, de la presencia real del examinador", según estima en su punto tercero la sentencia.

Sigfrido Herráez, concejal de Personal, aseguró ayer que la decisión de dividir el tribunal calificador en dos secciones se tomó por unanimidad de todos los grupos. "Está claro que no hubo intención de perjudicar a nadie, sólo un defecto de forma, pues se saltaron las bases de la convocatoria", explicó Herráez. La sentencia del tribunal superior obliga a repetir la prueba oral.

El concejal de Personal acatará esta resolución judicial. "Estamos estudiando cómo hacerlo. Primero habrá que notificar la sentencia a las 19 personas que consiguieron la plaza municipal", explica Herráez. Estas personas serán despedidas y tendrán que someterse, junto a las que superaron la primera prueba de las oposiciones, a un nuevo examen oral. "Los funcionarios afectados por esta sentencia también podrían presentar recurso en función de los derechos adquiridos durante todo este tiempo", explica Herráez.