Misterios dolorosos

La Fiscalía de la Audiencia Nacional se ha convertido en fuente incesante de escándalos y de misterios. Todo empezó con la destitución el pasado enero de su fiscal jefe José Aranda, acusado por el entonces fiscal general de no haber conseguido meter en cintura a cuatro Fiscales (Eduardo Fungairiño, María Dolores Márquez de Prado, Ignacio Gordillo y Pedro Rubira) insubordinados contra su autoridad a causa de la presentación por el ministerio público de la querella del caso Banesto. En contraste con esa implacable actitud, el Fiscal general Ortiz Úrculo (sustituido por Jesús Cardenal hace pocas semanas) se mostró benevolente al sancionar a los cuatro amotinados, pese a que la inspección fiscal había probado la gravedad de sus infracciones y a que el Consejo Fiscal había respaldado la severa propuesta elevada por el instructor del expediente; el traslado de Márquez de Prado, ya ejecutado por la Audiencia Nacional, fue histéricamente criticado por los columnistas, tertulianos y mediopensionistas al servicio del PP que habían exigido anteriormente la cabeza de José Aranda.El segundo misterio de este culebrón fue el escamoteo de la candidatura de Poyatos como sustituto de José Aranda en un punto incierto del camino que conducía desde la propuesta de nombramiento hecha por el fiscal general hasta su eventual confirmación por el Consejo de Ministros. Ese desvanecimiento no se explica sólo por las revelaciones sobre las conexiones de Poyatos con la ultraderecha golpista a través de una zarzuelera orden de caballería; también jugó cierto papel el afloramiento de su represiva ejecutoria bajo la dictadura, disculpada por su colega Fungairiño con el falaz argumento de que todos los funcionarios de carrera que sirvieron al Estado durante el régimen de Franco eran franquistas.

La designación el pasado viernes de Fungairiño (sancionado con 50.000 pesetas de multa a raíz del expediente abierto a los cuatro fiscales indomables) para sustituir a José Aranda (el verdugo ocupará el despacho de su víctima) oculta un nuevo misterio. Resulta, así, que el Gobierno hizo ese nombramiento pese a dos dictámenes negativos adoptados unánimente por el Consejo Fiscal contra el candidato, ya rechazado en una ocasión anterior; de esos (los pronunciamientos, el dictamen adverso al ascenso de Fungairiño a fiscal de sala, condición necesaria para su nombramiento como fiscal jefe de la Audiencia Nacional, era vinculante. No hay resquicios para las dudas interpretativas: el propio Jesús Cardenal reconoció hace diez días en declaraciones periodísticas a una correligionaria suya del Opus Dei que el dictamen del Consejo Fiscal sobre la Idoneidad del candidato tenía tal carácter.

El nombramiento de Fungairiño como fiscal jefe de la Audiencia Nacional tiene el ominoso precedente de la revocación por el Supremo de la designación de Eligio Hernández como fiscal general por el Gobierno socialista; en esta ocasión, las asociaciones profesionales de fiscales también anuncian recursos contencioso-administrativos contra la decisión, mientras que otras voces piden el cese o plantean la posibilidad de querellarse contra el fiscal general y la ministra. El ilegal nombramiento de Fungairiño es una provocadora insensatez: en su cruzada de aniquilamiento de sus adversarios políticos y de amedrentamierito de la sociedad civil, el Gobierno de Aznar parece dispuesto a embestir incluso contra los muros de carga del Estado de Derecho. Esa designación constituye también una imprudencia: nadie ha reflexionado en el PP -otro misterio, esta vez doloroso- sobre la irresponsabilidad aventurera de nombrar fiscal jefe de la Audiencia Nacional (una institución que los terroristas intentan deslegitimar por sus semejanzas formales con el Tribunal de Orden Público de la dictadura) a un funcionario que no reúne los requisitos exigidos por la ley y que reivindica con aplomo el pasado franquista de los miembros más veteranos de la carrera fiscal.