El informe del Defensor del Pueblo prueba la quiebra de las libertades, según el PSOE

Las quejas llegadas al Defensor del Pueblo sobre la expulsión masiva de inmicuantes, el tratamiento dispensado a los mendigos por varios ayuntamientos y el recorte presupuestario en Educación van a ser aprovechados por el PSOE en el próximo debate del estado de la nación."El informe prueba que con el Gobierno del PP se ha producido un retroceso en las libertades", dijo Cristina Alberdi, portavoz socialista en la comisión mixta Congreso-Senado para el Defensor del Pueblo.El defensor del Pueblo, Fernando Álvarez de Miranda, impuso un inusual secretismo sobre el informe realizado por esa institución con las 26.000 quejas recibidas durante 1996. Ayer entregó ejemplares de esa memoria a los presidentes del Congreso y del Senado, pero no ofreció la habitual rueda de prensa posterior, lo que originó en el Parlamento comentarios sobre la "dureza" del informe.

Alberdi denunció que se le negó reiteradamente el documento, que finalmente obtuvo después de una queja formal de su grupo ante la presidencia del Congreso. "Parece que han querido hacer una presentación clandestina", se quejó.

Un portavoz del Defensor del Pueblo aseguró que la no divulgación del informe se debe a que aún no es conocido por la comisión mixta, al no haber tiempo para que lo discuta antes del próximo día 30.

La interpretación de los socialistas, sin embargo, es que tras este hecho hay más motivaciones políticas que reglamentistas. "Se ha querido ocultar el informe por estar en vísperas del debate sobre el estado de la nación y para evitar que la oposición puedan usar todas las quejas que afectan a la restricción de libertades" según Alberdi.

26.000 quejas

El Defensor del Pueblo tramitó en 1996 alrededor de 26.000 quejas, frente a las 15.000 del año anterior. Gran parte de ellas están referidas a las áreas de Interior, Educación, Justicia y Trabajo y Seguridad Social, aunque en muchos casos la responsabilidad no es imputable a los ministerios correspondientes, sino a las comunidades autónomas o a los ayuntamientos.

En la memoria hay cumplida referencia a la expulsión de 103 inmigrantes ilegales, parte de los cuales fueron narcotizados con Haloperidol. "La expulsión-devolución, en apenas 72 horas, lesionó las garantías previstas en el ordenamiento jurídico en materia de asilo y extranjería", según el defensor, quien relata que los inmigrantes estaban en Melilla en "condiciones de abandono y marginalidad contrarias a la Constitución".

Alvarez de Miranda se ocupa en extenso del trato que los ayuntamientos de Santander, Murcia y Cartagena -los tres qobernados por el PP- dispensaban a los mendigos. El alcalde cántabro usó una ordenanza municipal de 1900 para requisarles el dinero, conducirles a comisaría y advertirles que si persistían en su actitud serían acusados de "desobediencia a la autoridad".

En la memoria institucional hay también 507 quejas por asuntos relacionados con la educación, en concreto por la limitación presupuestaria que afecta a las escuelas públicas, y a la falta de aulas para la correcta implantación de la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO).

La escasez de medios en numerosas comisarías de policía y la grave congestión existente en la tramitación de la objección de conciencia, que hace que haya unas 135.000 solicitudes en espera de ser resueltas, son otros de los asuntos abordados por el defensor. Éste refleja de forma crítica la situación de los tribunales de lo contencioso -administrativo, donde hay unos 25.000 casos es espera de una resolución, que a veces se demora durante años.