Fiscales progresistas avisan al Supremo de que puede cometer un delito
La Unión Progresista de Fiscales (UPF) comunicó ayer a la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo que, en caso de dar posesión a Eduardo Fungairiño como nuevo fiscal de sala -acto previsto para el próximo jueves-, sus miembros podrían incurrir en el delito tipificado en el artículo 405 del Código Penal, según el cual también comete prevaricación la autoridad que "diere Posesión" a sabiendas de que el de signado lo ha sido ilegalmente. Así lo declaró anoche, durante el coloquio en el Club Siglo XXI, el portavoz de la Unión Progresista de Fiscales, Carlos Castresana.Por su parte, el otro conferenciante, Miguel Colmenero, portavoz de la Asociación de Fiscales (AF), desveló en el coloquio que el Consejo Fiscal propuso tanto al anterior fiscal general, Juan Ortiz úrculo, como a Jesús Cardenal que un fiscal de Sala se hiciera cargo temporalmente de la jefatura de la Audiencia Nacional hasta encontrar un candidato idóneo. Ambos rechazaron la oferta.
El diputado Andrés Ollero, portavoz de Justicia del PP, aseguró: "Jamás justificaré una actuación ilegal de nadie. Del Gobierno tampoco. Y estoy en contra en este caso, si lo acordado es ¡legal, cuestión que corresponde decidir a otros". Refiriéndose a Úrculo dijo: "Si usted susituye a José Aranda [anterior fiscal jefe de la Audiencia Nacional, que asistió a la conferencia], tiene que tener un sustituto".
En su conferencia en el Club Siglo XXI, el portavoz de la UPF, Carlos Castresana, explicó que su asociación pide la dimisión de la ministra de Justicia, Margarita Mariscal y la del fiscal del Estado por considerar que el nombramiento y ascenso de Fungairiño era un "acto Ilegal, contrario a Derecho y un precedente de consecuencias incalculables". Castresana indicó que "los ciudadanos pueden recelar de la imparcialidad de ese fiscal en el desempeño de su puesto".
Miguel Colmenero, portavoz de la AF, expresó el "rechazo" de su asociación a la actuación de Cardenal y señaló que el ascenso y nombramiento de Fungairiño se han acordado "de forma ilegal, infringiendo el carácter vinculante del informe del Consejo Fiscal".
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