Las asociaciones de fiscales piden el cese de Cardenal y recurrirán el ascenso de Fungairiño

Las dos asociaciones de fiscales -la Asociación de Fiscales y la Unión Progresista de Fiscales- pedirán la dimisión del fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, por el ascenso de Eduardo Fungairiño como fiscal jefe de la Audiencia Nacional, nombramiento que ambas recurrirán. Los miembros de la secretaría técnica de Cardenal dimitieron ayer en bloque en protesta por la designación de Fungairiño. Ese polémico nombramiento también provocó las primeras dimisiones en el Consejo Fiscal. Mientras, lo s miembros de a Junta de Fiscales de Sala estudiaban si era viable una querella contra Cardenal por el delito de prevaricación (dictar una resolución injusta a sabiendas) o pedir su dimisión,siempre por la designación de Fungairiño.

La situación en toda la carrera fiscal era ayer de tensión y disgusto por la actuación del fiscal general, que se interpreta como de total Sometimiento al Gobierno, según informaciones procedentes de las distintas comunidades autónomas, cuyos 17 fiscales jefes de los correspondientes tribunales superiores de justicia se mantenían ayer pendientes de los acuerdos adoptados en Madrid y del desarrollo del coloquio previsto para anoche en el Club Siglo XXI sobre El Ministerio Fiscal, hoy. Participaron los portavoces de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), Carlos Castresana, y de la Asociación de Fiscales (AF), Miguel Colmenero, además de numerosos fiscales, magistrados y otros juristas. Las dos asociaciones recurrirán el nombramiento de Fungairiño y piden la dimisión de Cardenal. Ambas coincidieron en denunciar el "desembarco" del Gobierno en la carrera fiscal. La UPF pide además la dimisión de la ministra, Margarita Mariscal de Gante.Horas antes, el jefe de la secretaría técnica de la Fiscalía General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, y los otros cinco fiscales que la integran, pusieron sus cargos. a disposición de Cardenal. La decisión está motivada en que, a pesar de su vinculación institucional con el fiscal general, ninguno de ellos participó en la elaboración de la propuesta de Fungairiño realizada por Cardenal.

La Junta de Fiscales de Sala, máximo órgano del Ministerio Fiscal en materia doctrinal y de formación de criterios jurídicos, en la reunión prevista para hoy, decidirá si presenta una querella por el delito de prevaricación contra el fiscal general o, al menos, pide la dimisión de Cardenal.

El artículo del nuevo Código Penal aplicable a Cardenal, según algunos de los 14 miembros de esta Junta de Fiscales de Sala -que reúne a la élite del Ministerio Fiscal-, es el 405. Este artículo afirma: "A la autoridad o funcionario público que, en el ejercicio de su competencia y a sabiendas de su ilegalidad, propusiere, nombrare o diere posesión para el ejercicio de un determinado cargo público a cualquier persona sin que concurran los requisitos legalmente establecidos para ello, se le castigará con las. penas de multa de tres a ocho meses [hasta un máximo de 12 millones de pesetas] y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años". Estos fiscales estiman que, dado que el fiscal general del Estado declaró a el diario El Mundo que, para ascender a un fiscal, la "votación del Consejo Fiscal ( ... ) sí es vinculante para mí", dijo, su posterior decisión de proponer a Fungairiño, tras haber obtenido cero votos del Consejo Fiscal, reúne el requisito más difícil de este delito: que la resolución se realice"a sabiendas". Por lo demás, el artículo 13.2 del Estatuto del Ministerio Fiscal de 1981 -hasta ahora respetado- completa el tipo delictivo, según tales fuentes, cuando exige que las propuestas al Gobierno de ascensos las realice el fiscal general "conforme a los informes de dicho Consejo".

Pedro Crespo, el único vocal del Consejo Fiscal perteneciente ala UPF, comunicó ayer al fiscal general su decisión de renunciar a su cargo, que formalizará en dicha reunión. Crespo motiva su dimisión en que las funciones del Consejo Fiscal han sido "gravísimamente menoscabadas por las decisiones adoptadas por el fiscal general y el Gobierno" al designar a Fungairiño al frente de la Audiencia Nacional.