Roldán se enfrenta hoy a una petición de 32 años de cárcel por nueve delitos

Luis Roldán Ibáñez, ex director general de la Guardia Civil, se sienta hoy en el banquillo de los acusados para responder de los nueve delitos de los que se le acusa. Se enfrenta a la petición del fiscal de 32 años de cárcel. Ni su rocambolesca fuga de diez meses ni los numerosos recursos presentados por su abogado para atrasar la vista han impedido lo inevitable: su comparecencia ante la justicia. Junto a él serán juzgadas otras siete personas.

A Luis Roldán le ha llegado la hora de la verdad, aunque fuentes del ministerio fiscal sospechan que el procesado puede recurrir todavia a otras maniobras para evitar que el juicio secelebre, como la de renunciar a su abogado nada más iniciarse la vista. Ésta y otras posibilidades las ha estudiado la sala VI, de la Audiencia Provincial de Madrid, encargada de juzgarle, para evitar que se dilate el procedimiento.Desde su detención e ingreso en prisión, el ex jefe de la Guardia Civil se negó a hablar ante los jueces de los delitos que se le imputan: malversación de caudales públicos, estafa, cohecho, falsedad y cinco contra la Hacienda Pública.

Paradójicamente, mientras no, abría la boca sobre sus presuntos delitos, inició un maratón judicial para sembrar los juzgados de denuncias contra sus superiores del Ministerio del Interior y del Gobierno. Toda una estrategia para desviar la atención de su proceso. Compareció y declaró durante horas ante jueces de la Audiencia Nacional, el Supremo y la plaza de Castilla. En algunos casos, sus denuncias se volvieron contra él y fue imputado.

Ahora, Roldán va a ser juzgado por unos delitos presuntamente cometidos durante su mandato "con la finalidad de enriquecerse ilícitamente", por los que el fiscal solicita 32 años de cárcel, 29 años de inhabilitación y más de 3.500 millones de multa. Se le acusa de haberse apropiado de, al menos, 1.187 millones (352,4 en fondos reservados, 728,4 en comisiones y 106 por estafas). Su presunto fraude a Hacienda se eleva a 815 millones.

La vista pública se celebrará en la sede del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, durará unos cinco meses y congregará a un centenar de testigos, entre ellos los ex ministros socialistas del Interior José Luis Corcuera y Antonio Asunción, y Eduardo Serra, ministro de Defensa y ex consejero de una constructora que pagó comisiones a Roldán. El tribunal, presidido por Pedro Javier Rodríguez, lo integrarán los magistrados Francisco Jesús Serrano y Begoña Fernández.

La malversación de caudales públicos es el delito más grave del que se acusa a Roldán. Los fiscales Alejandro Luzón y Daniel Campos piden por él ocho años de prisión y 20 de inhabilitación. Según ellos "se apropió de fondos públicos destinados a gastos reservados de los que dispuso por razón de su cargo". En total 45 cheques, por valor de 352.365.000 pesetas, cuyo destino final debería haber sido la lucha contra ETA y el crimen organizado. En su auto de procesamiento, la juez Ana Ferrer, instructora de la causa, dejó claro que esas cantidades no eran sobresueldos, en contra de lo afirmado por el procesado.

Se le acusa también de cohecho, delito por el que se piden cuatro años de prisión, nueve de inhabilitación y 1.600 millones de multa. En este terreno, las pruebas contra él son abrumadoras. El ministerio fiscal señala que, "con el mismo objeto, exigió y obtuvo importantes sumas de dinero de las empresas constructoras que pretendían ser adjudicatarias de obras de la Guardia Civil. Y desnaturalizó el procedimiento de selección de ofertas en beneficio de los contratistas que accedían al pago de la dádiva".

32 años de cárcel

La acusación de estafa, por la que se piden seis años de cárcel, se sustenta en los 100 millones que cobró de dos constructores que trabajaban en la autovía de Leizarán, entre Navarra Y Guipúzcoa, a los que prometió facilitar supuestos servicios de seguridad contra ETA. Los cinco delitos contra Hacienda, por los que el ministerio fiscal pide 11 años de cárcel, presuntamente se cometieron en los ejercicios del impuesto sobre la renta de 1988 a 1992, ambos inclusive. Los fiscales piden que Roldán indemnice a Hacienda con 975,8 millones. Por el delito de falsedad, se solicitan otros tres años de prisión. En total, 32 años de cárcel, de los que ya ha cumplido dos años y tres meses de prisión preventiva.

Los grandes ausentes de este juicio serán los constructores cuyas empresas pagaron a Roldán. Mario Caprile, lldelfonso Aguilar y Manuel Carbajosa, ex presidente y ex consejeros de Huarte; los hermanos Antonio y Manuel Mesa Bussareu, consejeros de Cubiertas y MZOV; y Carlos Zuazo, presidente de Sierra Comendador. Todos ellos fueron procesados por la juez Ferrer, pero la aplicación del nuevo Código Penal supuso la prescripción de los delitos cometidos.

Entre los ausentes destaca también Francisco Paesa Sánchez, ex agente de Interior durante la etapa socialista, que no participó en la comisión de los delitos de Roldán pero sí le blanqueó y ocultó los 1.700 millones de su botín suizo. El auto de procesamiento dictado por la juez Ferrer señalaba que se volvería a estudiar su caso una vez se recibiera la comisión rogatoria enviada por el juez suizo Paul Perraudin. La comisión ha llegado recientemente, pero nadie ha pedido su procesamiento.

Desde que el 23 de noviembre de 1993 Diario 16 destapó el caso Roldán, considerado el mayor escándalo de corrupción de la etapa socialista, han tenido que pasar tres años, siete meses y diez días para sentar en el banquillo de los acusados a su protagonista. Hoy, el que fuera primer director civil del instituto armado se verá, por fin, la cara con los jueces.