Sobre la reforma de la Ley de Aguas

El autor critica el borrador de la Ley de Aguas porque ignora los mayores obstáculos para su modernización -estructura arcaica de la Administración y cultura ancestral del usuario- y sólo mide el consumo

El filtrado borrador de reforma de la Ley de Aguas no supone un cambio sustancial en la política del agua, al ignorar los mayores obstáculos que impiden modernizar su gestión: la estructura de su Administración y la cultura del usuario. Es, pues, simple maquillaje. Pese a introducir el término desarrollo sostenible, y, resaltar la dimensión medioambiental, la reforma se centra en el control de los recursos (aguas desaladas, reutilización, autogestión de acuífe ros), y en su potencial comercio (mercados de agua). Las constantes referencias de los políticos a su uso eficiente, no encuentran continuidad en medidas concretas. Basta, al parecer, con medir con sumos.El desarrollo sostenible -concepto introducido por la Comisión Burtland (1987)- pretende compatibilizar los limita dos recursos naturales renovables con un desarrollo armónico global. Es, sencillamente, equilibrar en el largo plazo recursos y usos, sin restringir el progreso ni agredir al medio natural. Similar pues a cuadrar las cuentas del Estado. Si el nivel de gastos supera el de ingresos, se genera un déficit. Y si éste se corrige elevando en exceso los impuestos, el desajuste crece. Cual ocurre con el balance hídrico. a intrusión salina es buen ejemplo.

Es obvio que para cuadrar un balance hay que aunar las responsabilidades de gastos e ingresos. Los calificativos del Ministerio de Economía y Hacienda aluden a ambos menesteres. Con responsables diferentes, imposible alcanzar el equilibrio y los criterios de convergencia. La administración del agua no sigue este modelo. No es extraño. Hasta hace unas décadas los recursos superaban los usos, no atisbándose grandes conflictos. Pero las, estructuras deben adaptarse a las necesidades.

Actualmente es el Ministerio de Medio Ambiente quien gestiona tanto los recursos hídricos como los económicos con que promover obras relevantes. Con las confederaciones como apoyo tiene garantizado un protagonismo casi total. Los usos (gastos) los controlan, es un decir, el Ministerio de Agricultura y los ayuntamientos cuyo papel, a remolque de quien administra los recursos, es irrelevante. Y el resultado conocido. Las obras ni se mantienen ni se amortizan. Los rendimientos se desconocen. El descontrol de la Administración, a este respecto, es total. No existe, por ejemplo, reglamento a nivel nacional del suministro de agua potable. A los responsables de los recursos no les preocupan estas menudencias y los del uso, ayuntamientos, tienen otras prioridades.

El secreto de Israel no es su tecnología, sino su estructura de gestión. Todo depende del Ministerio de Agricultura, prueba de que los usos prevalecen sobre los recursos. Una buena administración comienza controlando el gasto y en tal estrategia se basa el éxito.

Pero si vieja es la Administración, ancestral es la cultura del usuario. La distribución del agua, tanto en abastecimiento como en riego, se apoya -hay excepciones- en la subvención y el precio político. El usuario se encuentra cómodo con esta cultura, incompatible con una gestión moderna y un servicio de calidad, hasta que atisba la sequía. No extraña, con este deterioro progresivo, el número de consumidores de agua embotellada, cuyo gasto iguala o supera el recibo de agua potable. Nadie protesta. Extraña filosofía, que en Italia alcanza al 44% de la población. España, sin datos oficiales, no anda a la zaga.

Pero seamos realistas. Cualquier político, independientemente de su ideología, capacidad u honradez, debe el cargo a sus electores. No es, pues, proclive a adoptar decisiones impopulares, salvo que no existan alternativas, como en épocas de sequía. Pero, en tal tesitura, ya no hay tiempo para una actuación planificada, recurriéndose a medidas tercermundistas (interrupción temporal del servicio) o esperpénticas (barcos cisterna).

Es difícil introducir desde arriba el cambio, sin configurar antes una mayoría que lo apoye. Urge, pues, explicar a los ciudadanos dónde estamos en relación a países que, con similares usos y menos recursos, tienen la situación controlada. La actual política no garantiza la sostenibilidad. La atomizada estructura actual y el confuso organigrama añaden dificultades.

Dada la complejidad del cambio, no se puede ir con prisas. Los sociólogos deben mostrar el camino para abandonar una cultura tan arraigada, facilitando así la acción política posterior. Definimos una línea de actuación sencilla, asumible por los ciudadanos. Todos somos usuarios. El mensaje es claro: ahorrar agua para garantizar el futuro, asumiendo el coste requerido.

Hay que implantar una nueva ética del agua que, además, aliviará la mayor enfermedad de la sociedad moderna. Un reciente estudio (1995) de la Unión Europea (Dirección general V), califica la gestión del agua como u importante yacimiento de empleo. El mantenimiento, la rehabilitación, la medición, el control del rendimiento, la depuración, la reutilización y, en fin, la implantación de una nueva cultura de uso, con costes reales, demanda tecnología y empleo Hasta 500.000 nuevos puestos de trabajo en la UE. Se apunta como obstáculo para modernizar la gestión, la escasa concienciación del ciudadano, complaciente con el paternalismo estatal y reacia a invertir en actuaciones que, salvo en épocas de sequía, pasan inadvertidas.

La buena predisposición actual para resolver el problema es aparente. Quienes hemos nacido en pueblos agrícolas con redes de agua potable sin contadores, de inexorable privatización, sabemos del arraigo de esta cultura. Erradicarla no es simple, cualquier acción política fracasará si no se abona previamente el terreno. Además, en estas condiciones resulta ridículo hablar de solidaridad entre autonomías.

Muchos son los derechos e intereses establecidos que, tal vez, expliquen la reforma planteada. Y aunque serían temerarias maniobras bruscas, habrá que comenzar a allanar los dos obstáculos para un desarrollo sostenible. Terminología, declaración de intenciones y contemplar nuevas realidades -la desalación o la reutilización- no basta para superar la próxima sequía. Hace falta mucho más.