El Consejo de Estado estima inconstitucional un reglamento de Tráfico

El Consejo de Estado ha devuelto a la Dirección General de Tráfico (DGT) el Reglamento de Conductores con un dictamen razonado de 56 páginas en el que estima que algunos de sus artículos, referidos a actividades empresariales, deberían abordarse mediante una norma con rango de ley, pues afectan a derechos fundamentales. La publicación de este reglamento, en el que se regulan las autorizaciones para conducir, los requisitos para obtener el carné, el régimen de las autoescuelas y los centros de reconocimiento, se ha retrasado.

El varapalo jurídico del Consejo de Estado al Reglamento de Conductores tiene calado. La Dirección General de Tráfico (DGT), que había anunciado su entrada en vigor para comienzos de año, se ha visto obligada a poner a sus servicios jurídicos a meditar para reconducirlo a sus justos términos. Sin embargo, fuentes de Tráfico reconocieron hace unos días que podría ser aprobado por el Consejo de Ministros en cualquier momento.Las admoniciones del Consejo vienen a decirle a la DGT que esas materias que regula mediante una norma reglamentaria administrativa deberían tener una cobertura con rango de ley aprobada por las Cortes. Se refiere en concreto a las actividades empresariales de interés público, como las autoescuelas, respecto a las que el reglamento desciende a detalles que podrían vulnerar determinadas garantías amparadas por la Constitución.

En base a esos fundamentos, el Consejo, que echa de menos un debate entre las partes afectadas antes de precipitarse a presentar el documento, sugiere que deberían suprimirse los artículos del 48 al 72, referidos a los centros de reconocimiento; del 116 al 135, relacionados con las autoescuelas; del 174 al 177, en los que se pormenorizan las autorizaciones previas de estos centros y los requisitos que deben cumplir; el 187 y el 188, sobre los centros de formación para conductores de transporte de materias peligrosas, y el 197 y el 198, sobre la documentación obligatoria de los centros educativos, los libros de registro y las relaciones de los alumnos.

Muchas de estas materias deberían desgajarse del documento sometido a consulta, según el Consejo; entre otras razones, para dar cumplimiento a la obligación de trasponer directivas europeas en este campo.

Alegaciones

A las objeciones del Consejo de Estado se han sumado otras de asociaciones y colectivos vinculados al tráfico y la seguridad vial. El Comisariado Europeo del Automóvil (CEA) cree que las exigencias que se imponen a las autoescuelas, como la disponibilidad de locales interiores y exteriores, abocará al cierre a las de pequeñas dimensiones.La CEA, según su asesor jurídico, Fernando José González, ha planteado la exigencia de que los inspectores levanten acta de sus gestiones y que en los exámenes, se justifiquen las causas de declaración de los no aptos para poder motivar las reclamaciones.