El legado de Úrculo a Cardenal

El nuevo fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, tendrá que encarar a lo largo de las próximas semanas los numerosos asuntos que su predecesor en el cargo, Juan Cesáreo Ortiz Úrculo, abordó, enredó y fue incapaz de cerrar durante su mandato, el más breve del último medio siglo.Cardenal hereda de Urculo la crisis de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que el destituido fiscal general, con su falta de autoridad sobre el grupo de fiscales conocidos como los indomables, propagó hasta límites insospechados.

A Cardenal también le esperan momentos de alta tensión con los procesos que se avecinan: el juicio a los dirigentes de Herri Batasuna (HB) por el vídeo electoral de ETA; el del caso Filesa, sobre la presunta financiación ilegal del PSOE; el de Luis Roldán, ex director de la Guardia Civil, o el relativo al secuestro de Segundo Marey, unido a la marcha de los demás sumarios abiertos sobre los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL).

El catálogo de los problemas que se le amontonan en la mesa de su despacho a Cardenal lleva, entre otros, los enunciados siguientes:

El traslado o no de la fiscal María Dolores Márquez de Prado. Al aceptar a trámite su recurso, la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional ha evitado a Jesús Cardenal tener que pronunciarse sobre el traslado inmediato de esta polémica funcionaria. Pero, si el tribunal resuelve finalmente ejecutarlo, Cardenal tendrá que decidir a dónde la envía. Y, si el tribunal lo suspende y deja que Márquez de Prado continúe en la Audiencia, las inquietudes de Cardenal apenas habrán comenzado, teniendo en cuenta que el grupo de Márquez ya ha conseguido liquidar a un fiscal jefe, José Aranda,y a otro fiscal general, Ortiz Úrculo.

Cardenal tendrá que decidir además cuándo empieza el fiscal Ignacio Gordillo su mes de suspensión de empleo y sueldo si esta sanción es confirmada por la ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante.

La vacante del fiscal jefe. Ortiz Úrculo impuso al Consejo Fiscal el fulminante traslado del fiscal jefe, José Aranda, con la promesa de que su sustitución sería "cuestión de días". Cinco meses después, el traslado fulminante le llegó a él, que ha pasado de fiscal general a fiscal pedáneo del Tribunal Constitucional, al verse desbordado por una crisis que él mismo propició con su incapacidad para cubrir la vacante de Aranda.

Al puesto concurren tres candidatos:

Eduardo Fungairiño, erigido en el ayatolá del grupo de los indomables, se ha olvidado del órdago que echó al anterior fiscal general al afirmar ante los medios informativos que no se presentaría al cargo si era sancionado. Para él, sin embargo, una multa de 50.000 pesetas por saber cometido a "falta grave" el ejercicio de s funciones al ocultar un dictamen pericial en el sumario por el fallido atentado de ETA contra José María Aznar es quiparable a una "multa de tráfico".

Además, Fungairiño es la opción predilecta del ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, quien, según fuentes fiscales, ni se molesta ya en disimular sus gestiones en favor de él. Pero Fungairiño no cuenta en principio con el favor del Consejo Fiscal, en el que no obtuvo ni un solo voto cuando se presentó frente a Luis Poyatos.

El fiscal jefe de Madrid, Mariano Fernández Bermejo, considerado próximo al PSOE, sería el más idóneo, por experiencia de mando y firmeza de carácter, para acabar con las sublevaciones en la fiscalía más problemática de España, según reconocen fiscales de las dos asociaciones. No obstante, casi total en las filas del PP tras el papel desempeñado por la Fiscalía de Madrid en el caso de la incineradora de Valdemingómez y por la querella interpuesta contra la que luego sería ministra de Educación, Esperanza Aguirre.

Así, pues, sus posibilidades son escasas, tirando a nulas, pero su candidatura llegó a tomar cuerpo cuando era patente que Mariscal de Gante planeaba dejar sin efecto el traslado de Márquez de Prado, reclamado por el Consejo Fiscal.

Francisco Javier Cebrián Badía, fiscal del Tribunal Supremo, aun sin suscitar grandes entusiasmos, parece ser el candidato de consenso entre todas las tendencias. Moderadamente progresista y de carácter afable, no cuenta con experiencia de mando y ni siquiera con la baja de Márquez, si finalmente se produce, lo tendrá fácil frente a los indomables.

También cabe que el Consejo Fiscal deje el concurso desierto y se convoque un nuevo plazo de presentación de candidaturas.

El vacío en la Fiscalía Antidroga. Otro ejemplo de la aciaga etapa de Ortiz Úrculo es que esta fiscalía lleve sin cubrirse desde finales de 1996, aunque, a diferencia de la de la Audiencia Nacional, el asunto apenas ha trascendido por la inexistencia de problemas entre la plantilla.

La principal preocupación de su jefe en funciones, Javier Zaragoza, es la marcha de los asuntos de narcotráfico en el juzgado central de Javier Gómez de Liaño y algunas actuaciones de este juez, como la puesta en libertad del capo de la Camorra napolitana Nunzio de Falco o el intento de archivar de un plumazo centenar y medio de sumarios sobre el tráfico de droga.

La vacante de la Fiscalía Antidroga fue pedida por el defenestrado Aranda. Se da la circunstancia de que, al tener que estar servida por un fiscal de sala y estar tasado en 14 el número de éstos, el único disponible por ahora es precisamente el propio Aranda, al que Ortiz Úrculo no tenia ninguna intención de nombrar pese a que habría sido bien recibido por los antidroga.

La otra posibilidad es esperar a la jubilación de alguno de los que son en la actualidad fiscales de Sala.

Las relaciones con el Tribunal Supremo. Jesús Cardenal también tendrá que recomponer las maltrechas relaciones de la Fiscalía del Estado con el Tribunal Supremo. Ortiz Úrculo se cuidó de sembrar sobre ellas abundantes estropicios, como la célebre llamada al presidente de la Sala Segunda en plena deliberación sobre la inculpación de Felipe González en el caso GAL o el infantil estira y afloja sobre su lugar de asiento en las ceremonias oficiales.

Además, el ministerio fiscal sufrió un serio revés por el intento de Úrculo de impugnar ante el Tribunal Constitucional el auto de apertura de juicio oral del caso Filesa dictado por el Supremo, lo que, de ser admitido a trámite, habría supuesto mantenerlo abierto durante al menos otro par de años.