El Parlamento de Euskadi dará su apoyo jueces durante la visita de Delgado Barrio

La visita al País Vasco del presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Javier Delgado prevista para los próximos días 28, 29 y 30, coincidirá con la aprobación por parte del Parlamento vasco de una proposición no de ley de apoyo a los profesionales de la justicia en Euskadi por los últimos atentados de ETA y sus comandos Y contra sedes judiciales. Delgado encara su primera visita oficial a la comunidad autónoma en un momento complicado para la justicia vasca por el clima de amedrentamiento contra los jueces y la crisis interna de la judicatura vasca. Los ejemplos más visibles son el expediente en curso por falta grave contra el presidente del Tribunal Superior de Justicia vasco y la investigación abierta al- presidente de la Sección Segunda de la Audiencia donostiarra, ambos por el CGPL.Todos los partidos vascos, a excepción de Herri Batasuna, aprobarán la próxima semana una proposición no de ley de apoyo a la labor de los profesionales de la Administración de justicia en el País Vasco ante "los ataques que desde hace algunos meses vienen sufriendo a través de atentados físicos sus sedes y las continuas amenazas a sus integrantes, lanzadas desde aquellos que no respetan las más mínimas normas de convivencia y que tratan de imponer sus postulados por la fuerza".

En 1995, 22 edificios judiciales fueron atacados por los comandos Y de apoyo a ETA, mientras que en 1996 fueron 14. En lo que vamos de año, los ataques superan la decena, según datos de la Consejería de Justicia que dirige el socialista Ramón Jáuregui. El clima de amenazas se ha extendido también a los jueces y fiscales. El presidente de la Audiencia de Bilbao, Joaquín Giménez, estaba entre los objetivos del reconstituido comando Vizcaya de ETA. Jueces de instrucción de San Sebastián como Justo Rodríguez han sido amenazados y conminados a abandonar el País Vasco. Además, a primeros de año dirigentes de HB amenazaron a seis jueces y fiscales de Álava, entre ellos la esposa de Jáuregui, la juez Carmen Juarros, y el fiscal jefe de Álava, Alfonso Ayala por ser el "alargamiento del brazo represivo de la Ertzaintza".

En el texto propuesto se reconoce la labor de los profesionales de la Administración de justicia la comunidad autónoma y "la contribución que desde su dedicación y solvencia profesional realizan para la consecución de la parte social y del progreso democrático". Además, se respalda expresamente a los jueces, magistrados fiscales, así como a los funcionarios y a todo el personal de justicia, y se muestra el "deseo de que sigan realizando su función con independencia y eficacia máxima en defensa del Estado de derechos y de la convivencia libre de todos los vascos".