Entre Jerry Lewis y los Keystone Cops

El discurso conmemorativo del PP por el primer año de Gobierno es, por lo que ha podido apreciarse, simplón cual propaganda bélica. Abunda en la alabanza y en el autobombo, pero excluye cualquier mención, y por supuesto análisis, de lo que se ha hecho o dejado de hacer. Explicó Larra que en España "lo que está permitido es alabar, sin que en eso haya límite alguno; porque es probado que en la alabanza no puede haber demasía, sobre todo para el alabado", y aquí están Aznar y sus ministros para no dejar a Larra por mentiroso.La falsilla ideológica con que ha gobernado Aznar durante su primer año carece de dobleces y de matices para engañar a nadie. Sus pautas de conducta son el autoritarismo, la alergia al sector público, la patrimonialización de la Administración, la propaganda y autobombo sin medida, hasta resultar estomagante por su propio exceso y un punto de chulería histórica muy propio de cerebros alicatados hasta el techo con las obras completas de Pemán y el catecismo preconciliar. Nada nuevo, lo que se supone de un partido de derechas que verbaliza mecánicamente el lenguaje democrático, pero no entiende ni su ética ni su estética. Por supuesto, queda excluida cualquier veleidad centrista o una actuación liberal consecuente. El talante dictatorial de los dirigentes del PP, ese impulso irresistible de ocupar la finca con armas y bagajes y tratar al resto de los inquilinos como personal de servicio a su mando, estaba en el código genético del Partido Popular; sobre todo en las facciones políticas emergentes después de la formación del Gobierno, que son, si se admite el calificativo, las más paleolíticas de Génova, 13. Excusado sea dar nombres aquí, porque están en todas las declaraciones del Gobierno, del partido y de su representación parlamentaria.

Uno de los aspectos más llamativos, aunque cuidadosamente esquinado, de la regresión autoritaria del último año es la pasmosa incapacidad de Aznar y sus ministros para gobernar; entendiendo tal actividad en su acepción corriente y sencilla, que es la de producir normas con el consenso de los agentes sociales implicados, cuyas consecuencias positivas estén perfectamente calculadas, las negativas queden minimizadas y, al mismo tiempo, de su aplicación no se derive un problema mayor. Pues bien, el Gobierno se ha pasado los últimos doce meses dándose de bruces con todos los problemas que han querido resolver, como Jerry Lewis tropezaba con los muebles y objetos en sus películas o los Keystone Cops se atropellaban a sí mismos en la ciega persecución del malhechor, hasta el punto de escenificar ante la opinión pública retablos de un ridículo subido.

Véanse ejemplos. Para impulsar la liberalización eléctrica, el Gobierno provocó un conflicto con los sindicatos mineros; para deshacer el nudo añadido, lleva camino de provocar otro con la Comisión Europea, escandalizada por la prolongación de las ayudas a la minería; de paso, las ventajas conseguidas por la libertad de mercado eléctrico -parvas, porque se fían a diez años de plazo- quedan anuladas por el aumento de subvenciones al carbón. Para atacar a la oposición denuncian una prevaricación fiscal indemostrada que salpica a los inspectores fiscales, sus propios funcionarios, y deteriora la confianza de los ciudadanos en la Agencia Tributaria. Para defender a un grupo de fiscales cuya característica principal es su hostilidad al Gobierno anterior provocan un conflicto serio con el Consejo Fiscal y, al final, tienen que abandonar la defensa que desde el primer momento era imposible e improbable. Para liberalizar la economía, en fin, dictan unas liberalizaciones de juguete, retales olvidados de las liberalizaciones del Gobierno anterior, que provocan la irritación de los ayuntamientos gobernados por el propio PP, hostiles a la desregulación del suelo o de las funerarias. Tal habilidad para perseguirse a sí mismo y tropezar con sus propios pies no es normal. Por no mencionar los interminables globos sonda para recortar los gastos sanitarios... Este Gobierno es incapaz de zurcir un solo descosido sin procurar un roto mayor.

Esta incapacidad para gobernar se manifiesta en sus extraños métodos de gestión. El procedimiento de gobierno más utilizado ha sido el invocatorio, difícil de explicar para quien no crea en la magia. En su primera versión, la gestión invocatoria consiste en conseguir que la opinión pública confunda la ejecución de un plan con su anuncio reiterado. Por este procedimiento, Rodrigo Rato ha liberalizado varias veces la economía española, con el solo esfuerzo de convocar numerosas ruedas de prensa en las que se anuncian "ambiciosos programas de liberalización", que incluso "nos situarán en la senda de Maastricht"; sin que, al parecer, ni el vicepresidente ni el Gobierno se sientan obligados a explicar cuando, cómo y con qué efectos se han aplicado tan milagrosos ungüentos económicos. De hecho, cabe pensar que han supuesto sonoros fracasos, si alguna vez llegaron a instrumentarse, porque no se han advertido efectos sobre los precios de los servicios. Pero esto quizá sea una cuestión menor, porque la liberalización invocada -nadie sabe si ejecutada- sirve para que cualquier representante del Gobierno que se precie declare con gran convicción que este Gobierno "ha liberalizado la economía".

El método invocatorio presenta una segunda versión o modelo, también muy practicada durante este último año. En esta variante, el Gobierno actúa como si con la sola mención de su voluntad fuera suficiente para aprobar leyes, decretos o grandísimas reformas. La sociedad española, al parecer, carece de intereses o compromisos propios; es un bien mostrenco, en agraz, cuyo destino manifiesto es ser moldeado por la voluntad del Gobierno. ¿Que, para que cuadre el Presupuesto de 1997, es necesario congelar el salario de los funcionarios? Pues basta que Aznar se dirija a los empleados públicos, como Moisés al pueblo elegido, y comunique la pertinencia de tal "sacrificio". La aquiescencia social es un lujo. En este y en otros casos más o menos importantes, como el de las telecomunicaciones, el sector del gas, la purga de funcionarios hasta los profundos estratos de jefe de negociado, la televisión o el fútbol, el conmemorado Gobierno de Aznar ha simplificado la realidad social y económica española hasta el tamaño y forma compatible con su capacidad intelectual. Los cálculos, proyecciones, pactos y debates cuestan tiempo y dinero y, sobre todo, implican, al parecer, una complejidad insoportable para este Ejecutivo.

Tales fórmulas mágicas, que fundamentan la relación entre autoritarismo e incompetencia, derivan del desprecio o ignorancia de la estética y la ética democrática, que impide, por ejemplo, que un Gobierno agreda a la sociedad que lo sustenta. Visto lo ocurrido durante el último año, el diagnóstico más razonable es que este Gobierno tiene severas dificultades para gobernar en términos democráticos, tanto por no entender las reglas del juego democrático como por sus paupérrimas dotes de gestión. La capacidad, por supuesto, nada tiene que ver con la legitimidad.

No se crea, sin embargo, que este Gobierno carece de virtudes. Por el contrario, exhibe una, y muy notable, que a buen seguro le proporcionará rentabilidad política inmediata. Sea por modestia, sea por terror a romper la vajilla, tienen una gracia especial para evitar las decisiones económicas incoherentes. De la misma forma que, según la frase acuñada por Fraga, el Gobierno del PSOE sólo acertaba cuando rectificaba, el del PP solamente acierta cuando no hace nada. No han interferido la línea descendente de la inflación con subidas del IVA ni se han preocupado de situaciones sociales extremas que sea necesario remediar con mayor gasto social. No necesitan más talento ni más esfuerzo; el ciclo económico alcista llevará al país prácticamente en volandas hasta Maastricht. "Ventura te dé Dios, que el saber no te hace falta", recomendaba sarcásticamente Baltasar Gracián en El Criticón, en una frase que define la intrahistoria española. Pues bien, éste es exactamente el caso de lo que tienen y no tienen hoy nuestros gobernantes.