El 'Caso Liaño'

EL PRESIDENTE de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional trasladó ayer al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) su preocupación ante la "extraña actitud" del juez Gómez de Liaño en relación con el caso Sogecable, del que es instructor. Tal actitud se habría "exacerbado" en los últimos días. Que un juez instructor pida amparo al Consejo por considerarse "vejado" por el tribunal que corrige una decisión suya -la de prohibir viajar al extranjero a Jesús de Polanco y Juan Luis Cebrián- es ya bastante fuerte; que ante un se gundo correctivo de la Sala - éste sobre el secreto del sumario- reaccione planteando que los magistrados podrían haber cometido un delito (de prevaricación, se supone) al dictar esta resolución supera todo lo conocido. "Insólito", "absurdo", "un disparate", "invierte las reglas esenciales del proceso penal", han dicho las aso ciaciones judiciales. Una de ellas indica en un comunica do que, con su iniciativa, Liaño "deja claro que no es un juez imparcial".No puede decirse, por tanto, que la alarma no esté extendida. Tampoco que carezca de fundamento. Después de elevar al CGPJ la queja por lo que considera extralimitaciones de la Sala de lo Penal, ayer mismo volvía Liaño a decretar el secreto para las nuevas diligencias que él mismo ha encomendado a la Policía Judicial, de las que son muestra el interrogatorio abusivo al que dos inspectores sometieron a un distribuidor de Canal + en un pueblo de León.

Los jueces de instrucción tienen un enorme poder que no siempre emplean con responsabilidad. Lo menos que puede decirse de las últimas decisiones de Liaño es que contienen una desbordante carga de subjetividad. Algo que no es nuevo en su trayectoria: hace dos años, el CGPJ -del que entonces era vocal- se vio obligado a intervenir ante lo desbocado de los escritos con que replicó a un voto particular del magistrado Andrés de la Oliva, que había considerado conveniente la abstención de Javier Gómez de Liaño en un asunto relacionado con el sumario del caso Banesto, en el que su hermano Mariano es imputado.

Pero el llamado caso Sogecable -que cada día que pasa se configura más y más como el caso Liaño- precisa otras consideraciones. El levantamiento del secreto ha permitido confirmar algo que ya se suponía: la intervención directa del Gobierno en la creación de la inconcebible denuncia presentada por uno de sus socios en la plataforma digital. El periodista Miguel Platón, autor del reportaje publicado en la revista Época que sirvió de base para las querellas (y hoy director de información de la agencia de prensa gubernamental Efe), declara que su artículo se basó en un informe realizado por Gerardo Ortega, Rafael Pérez Escolar y una tercera persona que podría ser Ramón Tamames. Ortega manifestó, por su parte, que lo había redactado a instancia "de un secretario de Estado". Pérez Escolar ha sido socio de Conde y está procesado con él en el caso Banesto. Tamames ha realizado igualmente informes para el ex presidente que llevó dicho banco a la quiebra.

En un editorial publicado en EL PMS el 2 de marzo se decía: "Suena a excusa no pedida la proclamación que hizo ayer el vicepresidente Cascos de que el Gobierno nada tiene que ver con el tema... ¿Qué ha hecho con ese informe que, según Época, tenía en su poder el Gobierno y que ha dado pie a este pleito?".

Resulta que el Gobierno no sólo conocía el informe, sino que lo había ordenado: se trataba de un documento sobre las cuentas de Sogecable destinado a buscar eventuales motivos para un procesamiento de sus administradores. Y ello se produjo en medio de la ofensiva contra el Grupo PRISA desatada por el Gobierno a raíz de la firma del pacto sobre el fútbol televisado que desbarató sus planes sobre el sector de la comunicación.

Pero la opinión pública ha conocido después otros datos relevantes sobre este asunto: las amenazas desde La Moncloa a Antonio Asensio de llevarle a la cárcel por haber firmado con Polanco dicho acuerdo y la disposición del PP a aprobar leyes antieuropeas y anticonstitucionales con tal de salirse con la suya. El juez Gómez de Liarlo, por su parte, admitió a trámite la denuncia (y las querellas posteriores) por los supuestos delitos de apropiación indebida, estafa y falsedad en documento mercantil: precisamente los mismos de que está acusado Mario Conde . Otra casualidad.

La empresa de Canal + ha insistido una y otra vez en que todo este asunto se trata de un montaje y que no ha cometido ningún delito. Hoy es evidente que la transparencia de las cuentas de Sogecable, auditada sin mácula por Arthur Andersen, contrasta con otros interrogantes que saltan a la vista: ¿quién en el Gobierno encargó el informe de marras?, ¿con qué motivo y finalidad? y ¿con qué dinero se pagó?