El PSOE y la izquierda jurídica avalan la alerta del Poder Judicial sobre Cardenal

El informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que avala a Jesús Cardenal como candida to a fiscal general del Estado por reunir los requisitos legales, aunque suscita "preocupación" por sus manifestaciones no acordes con la Constitución, ha dividido a los sectores jurídicos y políticos. Mientras el PSOE y los colectivos de fiscales y jueces de izquierda suscriben la alerta que contiene el forme aprobado por unanimidad del CGPJ, el PP y las asociaciones jurídicas conservadoras creen que el Poder Judicial se ha excedido.

Desde el seno del CGPJ, su vicepresidente, Luis López Guerra, quiso dejar claro ayer, en declaraciones a Efe, que cuando se le pide al órgano de gobierno de los jueces un informe, el Consejo "debe valorar no sólo la competencia profesional del candidato, sino muy especialmente su adecuación a la misión constitucional que debe desarrollar y si sus actuaciones son conformes a la Constitución". En cualquier caso, negó que el CGPJ se haya pronunciado "sobre cuestiones de ideologías, que están protegidas en la Constitución, sino sobre actuaciones públicas, notorias y difundidas por la prensa". El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Joaquín Almunia, calificó de "acertada" la preocupación expresada por el CGPJ por las "concretas manifestaciones institucionales" de Cardenal, "que no parecen caber, no ya en una política mínimamente progresista, ni siquiera de centro, sino que a veces chocan con preceptos y principios constitucionales".

En la misma línea, José Antonio Alonso, portavoz de Jueces para la Democracia, calificó de "perfectas y asumibles" las consideraciones del CGPJ sobre el candidato a fiscal general y elogió la "sensibilidad constitucional" de dicho órgano. Al margen de las ideas personales de Cardenal, Alonso expresó que su asociación tiene "serias prevenciones sobre la actuación de una persona pública con una ideología contraria a la Constitución, por lo que es lógico que se enciendan, todas las alarmas".

Desde otro colectivo jurídico de izquierda, la Unión Progresista de Fiscales, su portavoz Carlos Castresana consideró que el acuerdo del CGPJ es "una llamada de atención al Gobierno para que valore si ésta es la persona idónea para ocupar el cargo". Castresana negó que el CGPJ se haya extralimitado.

No toda, la izquierda ha sido coincidente. El diputado de IU Pablo Castellano aseguró a Servimedia que "habría sido recomendable que el CGPJ no hubiera opinado sobre las opiniones y que se hubiera limitado a enjuiciar las actuaciones profesionales del fiscal Jesús Cardenal". Reconoció que las manifestaciones de Cardenal contra el aborto, el divorcio, los anticonceptivos y los homosexuales no debieron recogerse en una Memoria de la Fiscalía, pero que "no existe ningún problema de inconstitucionalidad, porque las opiniones no son nunca inconstitucionales".

En cambio, otro dirigente de IU y líder de Nueva Izquierda, Diego López Garrido, considera que el Gobierno "no debe nombrar fiscal general a Cardertal". Asegura que el CGPJ lo que ha dicho en realidad es que no es idóneo para el cargo al entrar a valorar el pensamiento constitucional del candidato". López Garrido razona que "el de fiscal general del Estado es un puesto político, ya que tiene que impulsar la justicia y los valores constitucionales, así como tomar iniciativas jurídicas con alcance político, para las que no es indiferente su posición ante la Constitución, que es laica, no confesional".

Por el contrario tanto el diputado Andrés Ollero, portavoz de Justicia del PP, como la Asociación Profesional de la Magistratura y la Francisco de Vitoria resaltaron que Cardenal cumple los requisitos legales y que el CGPJ se ha excedido.

Ollero señaló que "no compete al Consejo General del Poder Judicial hacer juicios de constitucionalidad". El portavoz de la APM, José Luis,Requero, acusó al, Consejo de "sectarismo" y estimó su actitud censurable, porque "no hay que confundir la ideología particular de una persona con su capacidad para desempeñar una responsabilidad profesional". María Tardón, portavoz de la asociación judicial Francisco de Vitoria, declaró que si el CGPJ considera idóneo a Cardenal, "sobran los otros comentarios y las preocupaciones que pueda tener; esa coletilla de preocupación está de más".