La fiscal Márquez ocultó pruebas al juez "violando el principio de imparcialidad", según la Inspección

El traslado forzoso de María Dolores Márquez de Prado fue propuesto hace seis meses por la Inspección Fiscal, al constatar la ocultación de pruebas y el "tono destemplado" de esta fiscal en sus relaciones con jueces y tribunales y especialmente con su fiscal jefe, José Aranda. El acta de la Inspección, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, detalla la actitud conflictiva de Márquez y subraya el contraste entre su "extrema rigurosidad" en la tramitación del sumario por el atentado de ETA contra José María Aznar, en el que llegó a formular 75 dictámenes en un año, y la ocultación de una prueba pericial.

El informe de la Inspección señala que la situación de la fiscalía de la Audiencia tiene su origen en la presentación de la querella de Banesto contra Mario Conde. La decisión de Aranda de presentarla sin dar cuenta a los demás fiscales fue contestada por la fiscal Márquez de Prado con un escrito en que reprochaba a su jefe su "desconfianza, menosprecio, incluso humillación".Le imputaba también "haber mancillado la dignidad de nuestro trabajo a base de fumigar esperanzas", y haber producido "la erosión de la fiscalía". Añadía que una fiscalía "gobernada por el silencio de la sospecha o el secreto de la desconfianza no puede merecer el crédito del resto de los fiscales; por lo menos el mío, no". Concluía diciendo que lo sucedido "se ha utilizado para intenciones abyectas, fines bastardos e intereses torcidos".

Aranda citó a su despacho a la autora del documento y le preguntó si le consideraba merecedor de lo que en él se expresaba. La fiscal contestó que daba por retirado el escrito y le anunció que lo sustituiría por otro, lo que no se produjo.

75 dictámenes en un año

El acta de la inspección se detiene en la instrucción del sumario por el atentado fallido contra José María Aznar, el 19 de abril de 1995. La fiscal Márquez de Prado pidió en diversas ocasiones el procesamiento del presunto etarra Mikel Azurmendi, identificado el 2 de agosto de 1994 en la misma zona de Madrid. El procesamiento fue denegado por el juez instructor Manuel García-Castellón -el mismo que instruyó el caso Banesto y encarceló a Mario Conde-, ya que incluso la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) informó en contra, alegando la debilidad de los indicios.

Al margen del juzgado, la fiscal pidió a la Comisaría General de Información el cotejo de las huellas halladas en el lugar del atentado con las de Azurmendi. Un mes después, el teniente fiscal, Eduardo Fungairiño, dirigió un nuevo oficio a la Comisaría General de Policía Científica expresando en el mismo "que de su resultado se dé cuenta personal a la fiscal o al propio teniente fiscal".

Los inspectores de la Fiscalía encontraron el informe de huellas solicitado a la Policía en el que se daba cuenta del resultado negativo del cotejo solicitado.

Según el acta de la Inspección, "en la carpetilla no consta que el resultado de esta investigación se haya aportado al juzgado, pese a que en el oficio inicial se expresaba que la petición se hacía con fines de su ulterior incorporación al sumario".

Casi un año después, el 25 de septiembre de 1996, la fiscal instó nuevamente el procesamiento de Azurmendi "sin aportación del resultado negativo de la diligencia pericial pedida".

Entre el 25 de mayo de 1995 y el 25 de septiembre de 1996, la fiscal formuló 75 dictámenes, entre recursos, petición de diligencias, corrección de errores... La Inspección consideró "llamativo" el número de recursos "y el tono empleado" para dirigirse al juez, "que rebasa en algunos momentos los límites habituales de la confrontación jurídica". Pero le sorprendió aún más el contraste entre su "extrema rigurosidad" y su comportamiento, "ocultando [una] prueba pericial pedida por ella al margen del proceso".

"Esta falta de aportación al sumario de un medio de prueba, como lo es la pericial practicada, supone una violación del principio de imparcialidad y objetividad que debe regir la actuación del Ministerio Fiscal, y de la obligación de todas las autoridades que intervengan en el procedimiento penal, de consignar y apreciar las circunstancias así adversas como favorables al presunto reo", según la Inspección.

Aranda abrió diligencias informativas a la fiscal. Esta adujo que creía haber actuado legalmente y que si no le informó fue porque "nunca ha sido práctica corriente en esta Fiscalía tener a su Jefatura al tanto de cuantas diligencias de investigación se proponen, sugieren o realizan".

Declaración de Aznar

La comparecencia de Aznar para declarar como testigo provocó nuevos enfrentamientos con el juez García Castellón y el fiscal jefe. Por razones de discreción, el juez, de acuerdo con Aznar, convino en que éste acudiera al juzgado a la hora más apropiada, con renuncia a sus prerrogativas.

En la declaración estuvo presente el fiscal Ignacio Gordillo, quien "no puso ninguna objeción a la forma en que se prestó". Pese a ello, Márquez de Prado recordó por escrito al juez "la obligación de que, en lo sucesivo, las declaraciones que preste el señor Aznar se realicen conforme a lo dispuesto en el artículo 412 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal", es decir, en su domicilio o despacho oficial.

El juez expresó su extrañeza al fiscal jefe, pues Gordillo sabía que Aznar había renunciado a su prerrogativa. Aranda compartió la apreciación del instructor. La fiscal dirigió entonces un escrito al juzgado pidiendo aclaraciones sobre la contestación del fiscal jefe y otro escrito al propio Aranda "de manera improcedente", según la Inspección. La fiscal actuó "sembrando la duda sobre la actuación de su superior jerárquico", concluyeron los inspectores.

Además, la fiscal fue denunciada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo "ante los términos empleados al contestar u oponerse a sus escritos". Los letrados de la AVT le achacaron una "clara desconsideración" y se quejaron "del tono irónico empleado para proferir sus ofensas". La fiscal había puesto en duda que dichos abogados tuviesen "los más elementales conocimientos" del proceso penal, "que se elevan por impericia a una inmerecida categoría". A instancias de la AVT, Aranda incoó nuevas diligencias informativas.

En sus alegaciones, Márquez de Prado criticó al juez por remitir al fiscal jefe el testimonio pedido por los letrados de la AVT. "Dicho en términos de defensa, la actitud del juez [García Castellón] bien puede interpretarse como una posición de alineamiento con la pretensión de la acusación particular", afirmó la fiscal.