El PSOE tacha al PP de "miserable" por implicar a una funcionaria en el expediente de La Caixa

La polémica de los expedientes de Hacienda se desbordó ayer en el Congreso. Al término de una reunión de la comisión de investigación, el diputado del PP Jaime Ignacio del Burgo, puso por primera vez nombres y apellidos a uno de los expedientes supuestamente perdonados por el PSOE. Señaló públicamente a La Caixa y culpó a la ex directora de la Agencia Tributaria, Juana Lázaro. El PSOE calificó esta actitud de "miserable talante moral". Otros miembros de la comisión mostraron un gran malestar por el hecho de que el PP haya juzgado y condenado sin esperar a que la investigación culmine. CiU dijo que si Del Burgo sigue en esa actitud "impresentable" debe abandonar la comisión.

Jaime Ignacio del Burgo acusó a Juana Lázaro de no recurrir una sentencia de la Audiencia Nacional que daba la razón a La Caixa en el litigio de las primas únicas, sin un informe jurídico que avalara el desistimiento. Como consecuencia de ello, el diputado del PP dijo que Hacienda había perdonado a la entidad financiera casi 10.000 millones de pesetas y que ésta es una muestra del amiguismo del anterior Gobierno socialista.' Preguntado si con ello acusaba de prevaricación a la directora de la Agencia Tributaría en aquel momento (diciembre de 1994), Del Burgo respondió que "yo no califico las conductas, lo único que sé es que hubo un desistimiento y que esta decisión fue adoptada por Juana Lázaro nueve días después de tomar posesión de su cargo". Añadió que "cuando no existen controles administrativos, esto puede pasar".

Las afirmaciones del diputado del PP cayeron como una bomba entre los diputados socialistas de la comisión parlamentaria de investigación. Joaquín Leguina, Teresa Fernández de la Vega y Sergio Moreno, consideraron "inaceptable" que el PP desvele en el Parlamento el supuesto nombre de uno de los expedientes, ya que está protegido por el secreto que impone la Ley General Tributaria.

Calificaron de "injusto y despreciable" que se implique a una funcionaria -Juana Lázaro ha sido recientemente cesada por el ministro de Economía en su cargo de subdirectora del Servicio de Publicaciones- "sin que se pueda defender". Mostraron también su, indignación por el hecho de que esta acusación se formule sin pruebas. En un comunicado, el PSOE señaló que la actitud de Del Burgo "denota un miserable talante moral". Por su parte, Juana Lázaro se puso ayer en contacto con sus abogados para emprender acciones legales.

El PSOE subrayó que la citada decisión de no recurrir la sentencia de la Audiencia Nacional fue explicada por el entonces ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, en el Congreso, según consta en el Boletín de las Cortes del 13 de diciembre de 1994."Actitud impresentable"

La denuncia del PP causó también un fuerte malestar entre los socios del Gobierno. El diputado de CiU Francesc Homs calificó de "impresentable" e "irresponsable" la actitud de Del Burgo y señaló que si prosigue en esta línea "debe abandonar la comisión". Hoy por hoy, añadió Homs, "no existen pruebas de la denuncia efectuada por el diputado del PP". Éste, explicó Homs, "ha confundido expedientes y no es cierto que el aludido de La Caixa esté entre los supuestamente prescritos". Respecto de Juana Lázaro, el diputado catalán dijo que "es absolutamente falso" lo que le imputa el PP.

La entidad financiera mostró ayer también su malestar por la acusación del PP. Según afirmó su portavoz, el asunto denunciado por el PP no está entre los expedientes supuestamente prescritos ya que "se trata de las libretas PTI, comercializadas entre los años 1978 y 1983, con cuatro sentencias de la Audiencia Nacional favorables y sin que se incumplieran los plazos de la inspección".Previamente a esta dura polémica, la comisión de investigación celebró una reunión en la que decidió solicitar a Hacienda nueva documentación sobre los expedientes. En concreto, pidió las actas de liquidación de los 127 expedientes de más de 1.000 millones de pesetas que afectan a 29 sociedades remitidos parcialmente el pasado martes. Para ello, la comisión ha dado a Hacienda un nuevo plazo de 24 horas que vence hoy. También acordó pedir que un representante de Hacienda acuda el lunes al Congreso con los expedientes completos para responder, a puerta cerrada, a las preguntas de los diputados. El martes y miércoles seguirán las comparecencias.