Un informe del Parlamento de Kuwait limita la gestión de Torras a De la Rosa

"La administración real [del Grupo Torras] estaba limitada al vicepresidente, Javier de la Rosa". Así de contundente es un informe elaborado en 1993 por una comisión de parlamentarios de Kuwait. El informe, que sorprendentemente ha sido aportado por el propio De la Rosa a la Audiencia Nacional, donde la magistrada Teresa Palacios instruye la querella de Torras contra él y otros ex gestores del grupo, es un demoledor alegato contra la forma en que se manejó en España el dinero de KIO, la oficina de inversiones de Kuwait.

Un periodo el de la gestión de De La Rosa que ha cobrado actualidad tras las. últimas declaraciones de antiguos directivos y consejeros de la empresa ante la juez Palacios. Esta misma semana declararán uno de los socios de De la Rosa, el empresario Narciso de Mir, y el ex secretario del consejo y abogado, Joan Piqué Vidal, en libertad bajo fianza por su presunta implicación en el caso del ex juez Pascual Estevill."De la Rosa aseguraba la dirección de la compañía y tomaba él solo las decisiones. También nombraba la mayoría de los administradores de las filiales, con contratos injustos por, los altos salarios y los privilegios" que conseguían. "Incluso tomó decisiones que estaban en conflicto con la opinión de la Qffice", nombre este último con el que se conoce la sede de la Kuwait Investment Office (KIO) en Londres.

El informe fue elaborado por un equipo de tres diputados del Comité de Asuntos Financieros y Económicos del Parlamento de Kuwait, encabezados por su presidente, Ismail Khadr Al Shatti, que viajó a España y Gran Bretaña para recabar información. Los comisionados se entrevistaron con ex responsables de KIO y de Torras, entre ellos el propio De la Rosa, que había sido el primer ejecutivo de Torras, y Manuel Guasch, presidente de la azucarera Ebro.

El documento comienza con un balance escalofriante de las inversiones kuwaitíes en España entre 1987 y 1992. Llegaron a representar el 27% de las inversiones directas de KIO en el mundo. "El coste de las inversiones es de unos 5.000 millones de dólares (unos 500.000 millones de pesetas de 1992). 2.800 se gastaron en la compra de acciones de la compañía [Torras]; alrededor de 700 más, en intereses por créditos".

El documento cifra en 700 millones de dólares (70.000 millones de pesetas) el dinero perdido "en sostener el precio de las acciones en los mercados de valores", es decir en la manipulación de las bolsas para mantener artificialmente alta la cotización de unas compañías con serios problemas financieros y de funcionamiento.

Finalmente, otros " 510 millones (51.000 millones de pesetas) fueron transferidos a cuentas desconocidas". Se trata de las opacas operaciones de envío de grandes cantidades de dinero a cuentas bancarias en paraísos fiscales. Hasta ahora poco se sabe de su destino.

De la Rosa reconoció haber abierto una de las cuentas, en el Bankers Trust de Ginebra (Suiza)con la clave Stuart, que recibió por los menos 105 millones de dólares. También declaró en Londres haber enviado otros 100 millones de dólares al banco Sogenal, en este caso a nombre de Manuel Prado, a quien la juez ha citado a declarar el próximo mes de mayo. El informe cierra la suma de pérdidas con otros "170 millones de dólares como gastos de la sociedad desde l989".

El informe critica paso a paso la gestión de los responsables de KIO en Londres; el presidente, Mohamed Fahad Al Sabah; el director general, Fouad Jaffar, y su socio en España, Javier de la Rosa. Un ejemplo. Las compañías adquiridas tenían algo en común, "fueron compradas por el doble de su valor" y por procedimientos -"a través de gran número de intermediarios"que elevaban el coste y "provoca dudas sobre si el objetivo era obtener beneficios particulares".

El comité se extraña asimismo de que la cúpula de KIO mantuviera a De la Rosa en su puesto, a pesar de las múltiples advertencias sobre su pasado: "Lo que incrementó las sospechas acerca de la elección de este socio fueron las advertencias de las autoridades españolas contra los contactos con esa persona, debido a su historial de problemas y comportamientos financieros que había cometido en el pasado. El ministro español de Economía [Carlos Solchaga] mencionó en una reunión con el comité que él había advertido a las autoridades de Kuwait en dos ocasiones".

Asimismo, el informe critica que las inversiones en España buscaban casi siempre compañías en pérdidas o en suspensión de pagos. También se menciona la "ineptitud" de los directivos del equipo de De la Rosa para mover las grandes cantidades de fondos que pasaron por su manos. A pesar de ello, De la Rosa estableció un contrato de gestión en favor de su empresa que le permitía cobrar comisiones en todas las compra y ventas de acciones, incluídas las que se realizaban entre empresas relacionadas directamente.Respecto a los gastos de los gestores, el informe no es menos contundente. Para relaciones públicas se pagaron 3,1 millones de dólares a la Agencia A, de Alfredo Fraile. Casi 2 millones de dólares se evaporaron en seguridad para De la Rosa y el presidente de Torraspapel, Jorge Núñez. Se gastaron 3 millones de dólares en publicidad de dos torneos de golf patrocinados por Torras y 42 millones de pesetas en entradas para los juegos olímpicos de Barcelona.